El periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas sigue a la baja y se situó en marzo en los 21,86 días, el mejor registro desde que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, reforzó el control y lo hizo mensual en el mes de septiembre de 2014. Abonar las facturas con esa demora, de tres semanas, supone cumplir la Ley de Morosidad, que impone a las Administraciones Públicas un retraso máximo de 30 días, la mitad que entre empresas privadas.
Hoy por hoy, solo tres regiones empeoran ese tope de un mes: Cantabria (58 días), Murcia (54) y Comunidad Valenciana (46). Por contra, Euskadi, Navarra, Galicia, Andalucía y Castilla y León abonan a proveedores con un retraso de menos de diez días. Meritorio es el caso de esta última región, que el año pasado era la que más tarde pagaba con el consiguiente aviso por parte de Hacienda.
Mejora sustancial
El dato global de marzo es casi cinco días inferior al de febrero, gracias a una ratio de operaciones pagadas de menos de 15 días, algo inédito. Mientras, el conjunto de operaciones pendientes de pago se sitúa igualmente en los límites de la ley, 26 días, por lo que es previsible que en sucesivas estadísticas el comportamiento siga siendo especialmente positivo. Algo peor se comportó la deuda comercial, que se incrementó en el tercer mes del año en un 5,05% y se sitúa, según los datos de Hacienda, en algo más de 6.320 millones.
Son ya cuatro los meses en los que las comunidades bajan de 30 días para pagar, algo que contrasta con los registros del inicio de la serie histórica. En septiembre de 2014, por ejemplo, el periodo medio de pago doblaba al actual y superaba los 42 días.
En esta positiva coyuntura están influyendo, al margen de la recuperación económica, la reducción del déficit público del año pasado y el éxito de numerosos gobiernos regionales en su vuelta a los mercados, tras un inicio de año en el que la ausencia de Presupuestos bloqueó el préstamo de dinero por parte del Estado a través del FLA y de otros compartimentos. Desde ahora y hasta finales de junio las regiones deberán recibir en torno a 12.000 millones de euros, cantidad que propiciará que cuenten con aún más margen de mejora.
Los municipios van a peor
La otra cara de la estadística difundida ayer es la que protagonizan las entidades locales, que volvieron a empeorar su periodo medio de pago a proveedores y lo sitúan ya en 60 días, dos meses clavados. Son 18 días más que a finales de 2016, un empeoramiento que puede deberse a cierta relajación tras firmar, el año pasado, un superávit histórico en sus cuentas del 0,6%.
Entre las grandes ciudades, Las Palmas, Palma y Sevilla pagan a más de 30 días e incumplen, por tanto, la Ley de Morosidad. Madrid y Barcelona pagan a menos de 10 días.
