Elecciones inmediatas, no. Ya lo dijo este lunes Mariano Rajoy. Pero parálisis política, sí. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas del domingo deja al Gobierno en mala situación para aprobar reformas de calado, y ello cuando el FMI, las agencias de calificación y la Comisión Europea advierten de que España afronta, a medio plazo, un crecimiento potencial muy leve, del 1,5%. La primera víctima puede ser la reforma que más urge, la de las pensiones. Con un déficit de más de 17.000 millones en la Seguridad Social, el concurso del PSOE es obligado para abordar la financiación del sistema, pero, con un líder socialista cuyo objetivo es sacar a Rajoy del poder, peligra cualquier tipo de acuerdo.
El Pacto de Toledo lleva desde el inicio de la legislatura escuchando a expertos para lanzar su propuesta de financiación de la Seguridad Social. Es la fórmula que ha elegido el Ejecutivo, consciente de que su mayoría minoritaria en el Congreso le iba a impedir aprobar en solitario una norma tan sensible como la de las pensiones.
Ahora, y pese al apoyo que Ciudadanos ha brindado en la investidura del presidente y en los Presupuestos, esa suma no basta. El grupo del PP en el Congreso deberá incorporar al menos a otra gran fuerza si quiere que la futura reforma prospere. Y con Podemos anclado en la calle y en la oposición a todo, la única ecuación pasa por sumar con el PSOE.
La relación de Sánchez y Rajoy tampoco va a ayudar. El presidente ni siquiera felicitó el domingo al vencedor de las primarias socialistas, y el renacido secretario general del PSOE parece haber vuelto al terreno de juego con un único objetivo: que Rajoy deje el poder. Es de esperar que pueda tensarse la buena relación que en el Pacto de Toledo mantenían hasta ahora los diputados de los dos partidos.
Dificultades en las cuentas
De no prosperar este mismo año una propuesta alternativa de financiación de la Seguridad Social, el Ejecutivo tendrá que tirar de deuda pública para lograr pagar los más de 9,4 millones de pensiones. Este año, y a través de esa vía, ya se ha articulado un préstamo del Estado de 10.192 millones vía presupuestos. Préstamo que en un principio iba a ser transitorio, de tal manera que el Pacto de Toledo tuviera tiempo de pactar alternativas.
El gasto en pensiones, pese a haberse contenido, sigue avanzando a un ritmo interanual del 3% por la incorporación de unos 100.000 nuevos retirados cada año. Y pese a que la mejora del mercado laboral está propiciando un incremento de las cotizaciones de cerca del 5%, la realidad es que por este concepto se van a recaudar 110.000 millones frente a unos compromisos de pago de 140.000 millones.
Tirar de deuda, por tanto, solventaría el problema solo a medias. Las pensiones se van a pagar, pero el Ejecutivo se encontrará con dificultades para bajar el endeudamiento público, que vuelve a superar el 100% del PIB y que preocupa sobremanera en Bruselas.
Muchos más problemas
Pero la oposición dura que promete Sánchez puede poner en peligro muchas otras normas que siguen en el tintero. Ahí está la que iba a afectar a los reguladores, en la que participaba el PSOE, y en la que PP y Ciudadanos pueden quedarse solos. También están pendientes la Ley Hipotecaria, a la que urge la Comisión, y la de Contratos Públicos, jugosa para que la bancada socialista endurezca su posición en aspectos como el del pacto entre partes para el pago a proveedores.
Y lo que más teme el Gobierno: que Sánchez dialogue con Unidos Podemos, en manos de Pablo Iglesias, para pactar una Proposición de Ley que reforme el mercado laboral y derogue aspectos que han sido claves para la reducción del paro, como las menores indemnizaciones o el mayor peso de la empresa en las negociaciones.
Pese a que ambos necesitarían a otras fuerzas nacionalistas para que una iniciativa así prosperase, lo cierto es que nada se puede descartar. Un enconamiento del asunto catalán puede hacer que el PdeCat, que ha apoyado al Ejecutivo en el Decreto de la estiba, o ERC, entren en el peligroso juego de deshacer normas.
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