Economía

PP y C's negocian crear un supervisor de contratos públicos por la corrupción

  • Rivera quiere un ente independiente que emita informes de rentabilidad
Los portavoces parlamentarios del PP y C's, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta. Foto: Nacho Martín.

El PP y Ciudadanos negocian, en el seno de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, la creación de un regulador que vigile de cerca las contratación por parte de las Administraciones y no sea un mero órgano consultivo como la Junta de Contratación del Estado que hoy existe. Esa figura vendría a satisfacer las demandas de Bruselas, que exige desde 2015 la trasposición de directivas a España para que la contratación gane en transparencia y ponga coto a los innumerables casos de corrupción.

Fuentes del partido de Rivera explicaron a este periódico que las negociaciones con el PP y con el Ministerio de Hacienda, que es quien designa a los miembros de la Junta actual, aún continúan. Pero son optimistas: "Creemos que va a salir adelante", advierten, si bien reconocen que el proyecto de Ley está algo parado por el trámite parlamentario de Presupuestos. Desde el PP admiten este extremo y recuerdan que el traspaso de poderes en el seno del Grupo Socialista está retrasando posibles acuerdos.

A Ciudadanos, explican desde el Congreso, le valdría con que el nuevo regulador de contratación pública fuera independiente y tuviera potestades supervisoras y no solo de consulta. "Lo ideal sería que una sala de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se dedicara íntegramente a este ámbito, pero estamos dispuestos a ceder si se respetan los principios de regulación e independencia", manifiestan estas fuentes. En este sentido, el partido naranja propone que los miembros sean elegidos a través del Parlamento aprovechando la mayoría minoritaria del PP.

El partido naranja también sería partidario de que el nuevo regulador albergase a la Oficina Nacional de Evaluación, creada el año pasado para vigilar la eficiencia en la asignación de recursos públicos. "Sería fantástico que pudiese emitir informes de rentabilidad económica y socioeconómica", advierten, reconociendo que es difícil que el Gobierno acepte este punto. "Hay cierta resistencia en los partidos grandes y es normal, porque supone renunciar a la inversión por intereses electorales", apuntan. El PP, mientras tanto, prefiere guardar silencio sobre el contenido de la ley.

Falta de transparencia

La contratación pública ha sido fuente en España de numerosos escándalos por su enorme opacidad y dispersión. Casos como Púnica o Lezo se juzgan hoy en base a decenas de procesos presuntamente irregulares que han terminado con dirigentes políticos y empresariales incluso en prisión.

Transparencia Internacional, de hecho, señala la contratación pública como la gran fuente de ineficiencia del gasto público en España, informa Pedro del Rosal. Hoy por hoy, solo el 25 por ciento de los procedimientos ofrecen información suficiente en el seno de la Plataforma de Contratación que el Gobierno creó para dotar de claridad a este ámbito. Además, en torno al 40 por ciento de las licitaciones cuentan con un único aspirante, un dato que lleva a pensar en que numerosos pliegos se elaboran pensando en un solo contratista.

Bruselas también ha afeado a España sus escasos avances en materia de transparencia. En agosto del año pasado criticó la carencia de un organismo independiente encargado de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública, y periódicamente recuerda la baja tasa de publicación de anuncios; las numerosas adjudicaciones directas con significativos aumentos del gasto; y la gravedad de los casos de corrupción que se han ido conociendo.

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