El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado hoy el pistoletazo de salida a la reforma de la financiación autonómica. En la mañana de este martes ha arrancado en el Senado la sexta Conferencia de Presidentes, cuya principal tarea es la de fijar las primeras claves del nuevo modelo. A partir de ahí, el Ejecutivo tendrá que negociar también con los grupos parlamentarios para poder sacar adelante el proyecto. Pese a haber sido una de las autonomías que más quejas han emitido sobre el actual sistema, Cataluña antepone su disputa territorial y su líder, Carles Puigdemont se ausentará de la cita, como también lo hará el lehendakari, Íñigo Urkullu.
El presidente del Gobierno y los líderes autonómicos se han reunido hoy, por primera vez en cinco años, en el marco de la Conferencia de Presidentes, el punto de inicio de la reforma del modelo de financiación autonómico. Pese a que pueda parecer un tema farragoso, lo cierto es que la reforma puede tener un impacto directo sobre algunos de los temas que más nos afectan como ciudadanos de a pie.
Los presidentes asistentes aprobarán diez acuerdos, entre los que se incluye el hecho de que la Conferencia pase a reunirse obligatoriamente una vez al año. Del resto de puntos, el más destacado será la reforma de la financiación. De hecho en un mes habrá ya una comisión de expertos trabajando sobre esta materia. Sus conclusiones, que podrían estar listas antes del verano, se llevarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las debata y apruebe. De ahí debe surgir la futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (LOFCA), que pasará después al Congreso.
En general, las comunidades autónomas son partidarias de que el nuevo modelo incorpore el coste de la dependencia, y muchas de ellas se quejan de que en la actualidad les está tocando hacer frente a más del cincuenta por ciento que les corresponde (la otra mitad corre a cuenta del Estado).
La Administración Central, que está dispuesta a escuchar sus ideas en este sentido, pretende que otros costes sean también evaluados, como los de las políticas de discapacidad o de vivienda -porque una parte de su financiación corre a cargo del Estado-.
- ¿Por qué es importante la reforma?
La financiación autonómica fija las reglas por las que el Estado reparte entre las Comunidades los recursos que percibe por la vía de los impuestos. Es esencial porque determina cómo se distribuye ese dinero y cuánto corresponde a cada una de ellas. Como las autonomías tienen cedidas competencias esenciales como la Sanidad, la Educación o la dependencia, que un territorio esté mejor o peor financiado es determinante.
- ¿Cómo es el actual modelo?
El actual modelo se aprobó en 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde un primer momento ha tenido más detractores que defensores, principalmente por su complejidad. Cuenta con cuatro fondos (Garantía, Cooperación, Competitividad y Suficiencia) que se crearon para asegurar que todas las regiones contaban con los recursos suficientes para desarrollar sus políticas, fuesen más o menos ricas. Según su situación, las autonomías aportan o reciben de estos fondos y el último, el de Suficiencia, actúa como mecanismo de cierre del sistema. En la práctica, sin embargo, el modelo ha perjudicado a unos territorios y beneficiado a otros.
- ¿Por qué se quejan algunas CCAA?
Varias regiones son aportantes netas, puesto que dan más de lo que reciben del sistema. Según las últimas cifras disponibles, de 2014, Madrid es la que más aporta (2.830 euros por habitante) y sin embargo se sitúa en el undécimo puesto en lo que a recepción de fondos del sistema se refiere sobre un total de quince. Baleares, la segunda que más aporta (2.460 euros por habitante), es la novena que más recibe. El caso contrario lo vemos en Cantabria, la sexta en aportación (2.326 euros por habitante), pero la que más recibe de todas (2.869 euros); o en La Rioja, que recibe 2.768 euros por habitante, pese a ser la décima en aportación (2.139 euros).
- ¿Qué pretende Hacienda?
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ido dando algunas pinceladas sobre qué características definirán al nuevo modelo. En primer lugar, pretende que sea consensuado con las autonomías, pero también con los grupos parlamentarios. Desde el Ministerio inciden en que el nuevo modelo debe respetar el principio de ordinalidad, o lo que es lo mismo, debe reducir la brecha entre las autonomías más ricas y las más pobres, pero no invertir su orden.
El titular de Hacienda también incidió recientemente en que el nuevo modelo deberá basarse en dos pilares: garantizar la calidad de la prestación de los servicios públicos y asegurar que "vivir en un territorio no sea elemento de diferenciación entre ciudadanos". La reforma se hará en paralelo a la de la financiación local.
- ¿Una nueva reforma fiscal?
Sin embargo y desde que Hacienda se propuso a finales de 2012 cambiar el actual modelo y crear el sexto sistema de financiación autonómico para nuestro país, el Gobierno ha venido incidiendo en que éste puede conllevar cambios en los impuestos cedidos por completo a los territorios, como Sucesiones y Donaciones o el tan traído y llevado impuesto sobre el Patrimonio.
