Ante el creciente riesgo de fraudes electrónicos, el Tribunal Supremo ha reaccionado reforzando la protección del usuario bancario a través de su reciente Sentencia n.º 571/2025, en la que establece que las entidades financieras deben reintegrar los fondos sustraídos en operaciones no autorizadas, salvo que logren acreditar de forma clara que el cliente actuó con negligencia grave o incurrió en fraude.