Parece que finalmente el Gobierno ha decidido meterle mano a una de las cuestiones más delicadas del régimen funcionarial, en la que han venido amagando los gobiernos de las últimas dos décadas. Desde 1998, cuando se empezó a trabajar en lo que una década más tarde se convertiría en el Estatuto Básico del Empleado Público, todos sin excepción han pasado de puntillas sobre este espinoso asunto, conscientes de la trilita que contiene.