La reciente aprobación por parte de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña del Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, supone una nueva aportación al embrollo jurídico que ha venido a añadirse a la desgracia inconmensurable del Covid.
