El Partido Socialista (PSOE) prepara la creación de una criptomoneda pública. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para impulsar la creación de una moneda pública ante "la paulatina desaparición del dinero en efectivo". Los socialistas sostienen que las nuevas tendencias de pagos provocan "un dinero puramente privado y más inseguro". Los parlamentarios apuestan por "la recuperación del dinero como bien público, más estable y bajo control democrático", tal y como recoge el texto de la proposición.

Una mañana cualquiera, un director de una empresa recibe una llamada telefónica de alguien que se identificaba como asesor fiscal de una conocida consultora. Le informa de que está asesorando a la empresa en el proceso de adquisición de una compañía extranjera. Incluso le envía un correo electrónico en el que se le adjunta un acuerdo de confidencialidad y le requiere para que no informe a nadie hasta la fecha de la supuesta operación. Tras un intercambio de correos electrónicos, y basándose en supuestas exigencias del banco, el empleado facilita al falso interlocutor documentos en los que constan las firmas de los apoderados de la empresa. Tras suplantar dichas firmas, se envían al director varias órdenes de transferencia bancaria, supuestamente firmadas por tales apoderados, que llevan a la autorización del pago de cientos de miles de euros a diferentes cuentas en otros países.

La mitad de los españoles afectados por un expediente temporal de regulación de empleo (Erte) en 2020 evita presentar la declaración de la Renta. Los últimos datos de la Agencia Tributaria (Aeat) destacan que hasta junio, último mes para presentar la declaración de esta campaña, solo 1.932.000 contribuyentes perceptores de prestaciones por Erte habían presentado la declaración. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan que, durante el pico de la pandemia en abril, los trabajadores en Erte llegaron a los 3,6 millones y el acumulado del año rozó los 4 millones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha descargado de responsabilidad a Youtube por violaciones de los derechos de autor. En una sentencia dictada ayer, subraya que "en el estado actual del Derecho de la Unión, los operadores de plataformas en línea no hacen por sí mismos, en principio, una comunicación al público de los contenidos protegidos por los derechos de autor puestos ilegalmente en línea por sus usuarios".

El Gobierno obliga ya a las tecnológicas que operan en España a geolocalizar a sus clientes para determinar si están sujetos al Impuesto sobre los Servicios Digitales -la llamada tasa Google- que el Ejecutivo aprobó a principios de año. La Agencia Tributaria (Aeat) exigirá a las empresas proporcionar registros de las transacciones y un informe descriptivo para liquidar el impuesto.