España obliga ya a geolocalizar a los clientes para empezar a cobrar la 'tasa Google'

El Gobierno obliga ya a las tecnológicas que operan en España a geolocalizar a sus clientes para determinar si están sujetos al Impuesto sobre los Servicios Digitales -la llamada tasa Google- que el Ejecutivo aprobó a principios de año. La Agencia Tributaria (Aeat) exigirá a las empresas proporcionar registros de las transacciones y un informe descriptivo para liquidar el impuesto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 6 de junio el Real Decreto 400/2021 con los pormenores y las pautas para aplicar la tasa Google en España. El impuesto se recaudará trimestralmente y los dos primeros pagos deberán realizarse en julio. Hacienda espera recaudar 968 millones de euros anuales a partir de ahora. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reduce esta cantidad a la mitad, y prevé que los ingresos fiscales se situarán en torno a los 546 millones de euros.

"Una solución multilateral a los impuestos digitales sería preferible a los impuestos a los servicios digitales y las medidas comerciales de represalia, especialmente durante estos tiempos económicos difíciles", subraya la economista Cristina Enache

"El lugar de localización del dispositivo viene dado por todos los detalles de la dirección que proporcione la tecnología de geolocalización empleada, entre ellos, en su caso, las coordenadas de latitud y longitud", apunta el Real Decreto. "El lugar se obtendrá mediante tecnologías de geolocalización que analizan la información obtenida del dispositivo, de la red de conexión a internet en que se encuentre el dispositivo o de una combinación de ambos".

El Gobierno sostiene que el Impuesto sobre los Servicios Digitales de España es temporal hasta que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleguen a un acuerdo. La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas ha generado una maraña tributaria con 14 Impuestos con diferentes características.

¿Se eliminará la tasa Google actual?

"Existe una gran preocupación de que los impuestos unilaterales a los servicios digitales implementados por España y otros países no se eliminen de inmediato, incluso si se llega a un acuerdo para eliminarlos en las reuniones del G20 este verano", explica Cristina Enache, secretaria general de la Asociación Mundial de Contribuyentes y directora general de la Unión Española de Contribuyentes. "Es posible que España decida mantener el impuesto a los servicios digitales para las empresas que no estarán en el alcance de la propuesta del G7 para respaldar la recaudación de ingresos fiscales demasiado optimista en el Presupuesto de 2021", añade.

La Oficina del Representante Comercial del país (USTR) determinó en enero que la tasa Google española grava o restringe el comercio de Estados Unidos. En un duro informe, la USTR asegura que discriminan a las empresas digitales de norteamericanas. El documento también encontró que el impuesto "no es razonable" porque "es extraterritorial y porque su aplicación a los ingresos en lugar de a los ingresos lo hace incompatible con los principios fiscales internacionales".

La nueva representante comercial de Washington, Katherine Tai, ha decidido seguir adelante con el proceso de notificación pública y comentarios sobre las posibles acciones comerciales para mantener así las opciones de procedimiento antes de que concluya el plazo legal de un año para completar las investigaciones. "Estados Unidos está comprometido a trabajar con sus socios comerciales para resolver sus preocupaciones sobre los impuestos a los servicios digitales y para abordar cuestiones más amplias de la fiscalidad internacional", explicó en marzo en un comunicado la embajadora Tai.

La represalia de Washington

Aunque España comenzará a cobrar el impuesto el próximo mes, los aranceles del 25% sobre el comercio por valor de 324 millones de dólares no entrarían en vigencia de inmediato. Los aranceles que se aplicarían a bienes como mariscos, cinturones, carteras, calzado, sombreros y cristalería han sido suspendidos hasta por 180 días -hasta el 29 de noviembre- para permitir un tiempo adicional que favorezca las negociaciones multilaterales sobre este asunto.

"Una solución multilateral a los impuestos digitales sería preferible a los impuestos a los servicios digitales y las medidas comerciales de represalia, especialmente durante estos tiempos económicos difíciles", subraya la economista Cristina Enache. "Los impuestos a los servicios digitales son impuestos distorsionantes que pueden actuar como barreras comerciales, mientras que los aranceles de represalia de Estados Unidos Afectarían negativamente a ambas economías", concluye la especialista.

Las empresas elevan sus precios

Las tarifas de algunos servicios digitales en España ya se han incrementado en respuesta al nuevo impuesto. A partir del 1 de abril, Amazon aumentó sus tarifas en un 3% para los artículos vendidos en su mercado de España para reflejar el impuesto a los servicios digitales. Google aumentó sus tarifas en un 2%, a partir del pasado 1 de mayo. Si estos nuevos costes más altos se reducirán cuando el Gobierno cambie o derogue el Impuesto sobre los Servicios Digitales es una pregunta abierta.

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