La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas ha generado una maraña tributaria con 14 Impuestos sobre los Servicios Digitales -la llamada 'tasa Google'- con diferentes características. Estos 14 países europeos, entre ellos España, han provocado un complejo sistema para gravar la actividad de este sector por no esperar al consenso internacional, liderado por las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las diferencias suponen unos tipos que van, en función del Estado, desde el 1,5% que ha establecido Polonia hasta el 7,5% que ha firmado Hungría. Por otra parte, la cifra de negocio que exigen estos países para cobrar la tasa Google varía desde los tres millones que marca Letonia hasta los 25 que exige Austria para aplicar el impuesto.
"A pesar de las negociaciones multilaterales en curso, varios países han decidido seguir adelante con medidas unilaterales para gravar la economía digital", explica Elke Asen, analista de políticas en el Center for Global Tax Policy de la Tax Foundation. "Aproximadamente la mitad de todos los países europeos de la OCDE han anunciado, propuesto o implementado un impuesto a los servicios digitales, que es un impuesto sobre determinadas fuentes de ingresos brutos de las grandes empresas digitales. Debido a que estos impuestos afectan principalmente a las empresas estadounidenses y, por lo tanto, se perciben como discriminatorios, Estados Unidos ha respondido con amenazas de represalia", añade.
"Aunque los países consideran estos impuestos como medidas provisionales hasta que se llegue a un acuerdo a nivel de la OCDE, no está claro si todos serán derogados en ese momento", señala Asen. "Además, la Unión Europea (UE) tiene la intención de implementar su propio impuesto digital a partir de 2023 en adelante, con un proyecto de ley que describe los detalles que se esperan para mediados de año. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están considerando agregar disposiciones especiales para los ingresos de los servicios digitales automatizados a la Convención Modelo de Impuestos de la ONU, que se aplicaría a las partes del tratado que acuerden su inclusión", añade.
"Aunque los países consideran que son provisionales hasta llegar a un acuerdo, no está claro que los vayan a derogar cuando llegue el momento", apunta Elke Asen, de la Tax Foundation
El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que "las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales". De esta forma ha vuelto a impulsar la tramitación de una tasa google para todo el espacio comunitario. Los eurodiputados responden así al caos generado por los países y piden una armonización cuanto antes en toda la Unión Europea.
Tal y como apuntó elEconomista hace una semana, el proyecto fiscal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acelera la creación de este impuesto a las tecnológicas. El plan cuenta con el apoyo de las grandes empresas americanas. La Chamber of Progress, el lobby estadounidense creado por Amazon, Facebook, Twitter, Uber, Lime, Grubhub o Google, defendió el pasado 15 de abril la necesidad de este impuesto para financiar el plan de infraestructuras del presidente Biden.
La vía unilateral de los países europeos provocó tensiones comerciales con la Administración Trump
Ante la imposibilidad de la Eurocámara de sacar adelante el impuesto en 2018, estos 14 Estados miembros decidieron introducir unilateralmente el impuesto. La situación provocó tensiones con la Administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La situación provocó un aumento de los litigios comerciales internacionales, que afectaron tanto a las empresas digitales como a las no digitales dentro del mercado único.
Con Joe Biden al frente de Estados Unidos, la Eurocámara retoma la tramitación. La estrategia europea recoge ahora las recomendaciones de la OCDE y apuesta hacia un diálogo político de alto nivel que permita desplegar soluciones coordinadas para gravar la economía digital y que sea acorde con los principios comunes del Derecho de la Unión y permita una competencia leal. La medida cuenta con el aval del lobby tecnológico norteamericano.
