economía

El último paquete de ayudas español contra las nuevas restricciones de la crisis del coronavirus es menor que lo que inyecta Berlín cada 15 días. España sigue a la cola europea en la respuesta a la crisis del coronavirus. Moncloa aprobó en diciembre otros 4.220 millones de euros para hacer frente a los rebrotes. Sin embargo, el músculo financiero de Alemania ha permitido al Gobierno de la canciller Ángela Merkel activar un plan que libera 11.000 millones de euros mensuales para los sectores más afectados.

Los abogados y las inmobiliarias creen que los jueces tenderán, tal y como les exige ahora la ley, a paralizar los lanzamientos de los okupas hasta mayo tras el cambio que introdujo el Ministerio de Consumo en la ley anidesahucios. Los especialistas recuerdan, sin embargo, que los se circunscriben a grandes propietarios y en pocos casos afectará a los particulares.

El Gobierno de España ha propuesto a la Unión Europea una subida de las cotizaciones sociales para los sueldos más altos. En concreto, estudia el destope de la base de cotización máxima, que ahora mismo se sitúa en los 48.841,20 euros anuales, o los 4.070,10 euros al mes. Hasta ahora, este salario marca el tope de cotización y los sueldos por encima aportaban la cantidad máxima a la seguridad social.

El porcentaje de acuerdos a los que se llega con la mediación notarial supera 70%, según señala Concepción Barrio, vicepresidenta de la Fundación Signum y vicedecana del Colegio Notarial de Madrid". Esta notaria mediadora resalta "el crecimiento del uso de medios telemáticos en la mediación durante 2020, un canal previsto por ley que sin duda ha llegado para quedarse".

El Gobierno ha modificado su propio real decreto-ley antidesahucios y exige ahora "violencia e intimidación" que para poder desalojar a los okupas durante el estado de alarma. De esta forma, el Ministerio de Consumo ha cambiado el artículo 1 bis de la normativa. El texto establece como requisito para expulsar a los usurpadores que "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas". La normativa determinaba hasta ahora que se debía desalojar la vivienda "cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito".

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido para el Brexit crea más burocracia para los transportistas españoles. Aunque permitirá el tráfico de mercancías, el pacto dificultará el trabajo a los camiones que hacen la ruta entre España y Reino Unido.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía considera, en contra del criterio de la Dirección General de Tributos (DGT), que los padres separados con régimen de custodia compartida pueden compatibilizar los dos beneficios fiscales por hijo a cargo. La sentencia indica que tienen derecho a la aplicación del mínimo por descendientes y, además las especialidades por el pago de alimentos, previstas en la Ley del IRPF.

El Tribunal Supremo establece que es la empresa, y no el empleado, a quien corresponde justificar la realidad de los desplazamientos en los que el trabajador ha incurrido en gastos que pueden desgravarse en el IRPF. La sentencia, de 3 de diciembre de 2020, obliga a la Agencia Tributaria a dirigirse a la compañía para pedir explicaciones y no abrir un expediente al trabajador.

El Gobierno ha aumentado su estructura ante la llegada de los fondos europeos. Pese a no haber adoptado medidas de adelgazamiento de la Administración en otros ámbitos, Moncloa ha elevado en un 50% la estructura de la oficina encargada de gestionar las ayudas europeas contra la crisis del coronavirus Covid-19. En concreto, hay un crecimiento de organismos, de modo que la nueva oficina tendrá cuatro subdirecciones generales más. Hasta ahora, contaba con ocho. Según ha informado Moncloa, el Ejecutivo ha creado una nueva secretaría general, dirigida por Mercedes Caballero, que incorporará estas cuatro nuevas subdirecciones generales al organigrama del Ministerio de Hacienda. Además, absorberá las otras ocho ya existentes en la Dirección General de Fondos Europeos. El Gobierno añade la Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación, la Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación, Subdirección General de Seguimiento y control del cumplimiento de hitos y objetivos y la Subdirección General de Solicitudes de Pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la estructura del Ministerio de Hacienda cambia.

ECOLEY

Los fallos de ciberseguridad de los proveedores ya acarrean multas a las empresas. Las autoridades de los países ya cuestionan la diligencia debida en lo que respecta a las medidas de ciberseguridad, así como a la responsabilidad de la empresa a la hora de gestionar el riesgo de que los ciberataques tengan su origen en las vulnerabilidades de los proveedores y otros terceros ajenos a la propia empresa, lo que se conoce como third party compliance, o control del cumplimiento normativo de terceros.