Los abogados y las inmobiliarias creen que los jueces tenderán, tal y como les exige ahora la ley, a paralizar los lanzamientos de los okupas hasta mayo tras el cambio que introdujo el Ministerio de Consumo en la ley anidesahucios. Los especialistas recuerdan, sin embargo, que los se circunscriben a grandes propietarios y en pocos casos afectará a los particulares.
En cualquier caso, la Agencia Negociadora del Alquiler rechaza la medida impulsada por el ministro Alberto Garzón. "Este cambio, puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un determinado perfil de ocupantes y que cumplan con unas determinadas características, y posiblemente se trate un adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del Gobierno de expropiar las viviendas vacías", considera José Ramón Zurdo, director general de la compañía inmobiliaria.
Desde el Ministerio de Transportes aseguran que "esto no se hace para amparar ningún tipo de actividad delictiva"
Desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana insisten a elEconomista que la medida de Consumo afecta a grandes tenedores y está acotada solo al Estado de Alarma. David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, subraya que lo que hace la reforma es "facultar al juez para que considere si paraliza o no el lanzamiento después de escuchar a los servicios sociales y solamente hasta cuando finalice el estado de alarma". Lucas destaca que "esto se ha hecho para que los jueces puedan detectar que hay personas vulnerables en la vivienda y no se queden en la calle"" El secretario general de Agenda Urbana apostilla que "esto no se hace para amparar ningún tipo de actividad delictiva".
Sin embargo, José Valero, abogado especialista en procesos de desahucio, considera que, tal y como está redactada la reforma, "los jueces van a tirar estos meses por suspender los lanzamientos sin entrar en mucho detalle sobre la situación de vulnerabilidad de los okupas". El especialista hace un mes que desalojó una vivienda en menos de un mes. "Ahora, si hubieran invocado la vulnerabilidad, probablemente nos lo habrían paralizado". Además, recuerda que la ley no establece unos parámetros claros sobre la situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, el abogado tranquiliza a los propietarios particulares. "No les tiene que afectar mucho porque quedan fuera de la reforma", añade el letrado.
"La norma ampara y protege a los 'okupas' pacíficos", argumentan los abogados
Por su parte, Jacobo Sánchez-Andrade, counsel de Inmobiliario de Bird & Bird, resume que "ahora se ampara y se protege, por ejemplo, que en el frecuente caso de que el okupa incurre en delito de usurpación pacífica, sin violencia o intimación, dicha ocupación ilegal pueda ser mantenida hasta la finalización del Estado de Alarma actual, si el juez lo considera". A su juicio, "la modificación permite que en el caso de delitos en los que no haya violencia o intimidación contra las personas, el Juez esté habilitado para valorar una eventual paralización del desahucio". El abogado apunta que "con la anterior redacción y el uso de la palabra delito en general, se excluía prácticamente cualquier posibilidad de que el okupa vulnerable pudiera ser mantenido en la ocupación en el caso de que bajo un procedimiento penal se solicitara el desahucio", añade.
El abogado y Secretario General de Amadei, Jesús Manuel Martínez Caja, explica que "el juez tendrá la facultad de suspender los lanzamientos de aquellas personas que acrediten ser económicamente vulnerables y no tener solución habitacional, aunque estén ocupando inmuebles sin título habilitante alguno y los utilicen como vivienda habitual". A su juicio, "esta medida legitima la continuación de la ocupación ilegal de todos eso inmuebles en los que se ha entrado sin violencia, que son la mayoría, dado que normalmente se encuentran vacíos".
Por su parte, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) destaca que "españa se ha convertido en el único país de Europa que ampara la ocupación ilegal". A su juicio, "medidas como ésta generan un efecto llamada de graves consecuencias y aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo regulatorio en materia de alquiler, y que afecta al patrimonio inmobiliario de los españoles".
Además, Asval subraya que "estamos tomando medidas contrarias a las que recomiendan instituciones como el Banco de España o el FMI, que instan a que España evite la sobrerregulación del sector y refuerce la seguridad jurídica". En un comunicado, la asociación concluye que "es la única vía para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y construir el parque de vivienda asequible que necesita España".