El borrador del decreto antidesahucios que maneja el Gobierno contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El texto ya se ha remitido a la comisión general de subsecretarios, paso previo para que se aborde en Consejo de Ministros, y se aprobará próximo martes tras lograrse consenso, pero con dudas sobre si se podrá incluir también el corte de suministros, pues esa negociación está menos avanzada.
La iniciativa corresponde sobre todo a los Ministerios de Transportes y Agenda Urbana y Vicepresidencia Segunda del Gobierno, pero también han estado involucrados Justicia y Economía.
El decreto, según ha adelantado el diario El País y han confirmado fuentes gubernamentales, pautará la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Concretamente, no se realizarán lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.
Hasta ahora, la paralización se limita hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Ahora se incluyen todos los casos, también los anteriores a los originados por la pandemia.
El nuevo acuerdo establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.
En este caso, se establece que estas compensaciones se abonen únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.
Por su parte, fuentes de Unidad Podemos han señalado a Europa Press que se el texto normativo fija la prohibición de todos los desahucios a familias vulnerables durante el estado de alarma tras semanas de negociación, garantizando que esta alternativa habitacional sea "digna". Por ejemplo, no podrán ser realojados en un albergue.
También han reconocido que el acuerdo también incluye la compensación a grandes tenedores propuesta por el PSOE, un extremo que "no ha agradado a la formación morada", pero que ha sido aceptado "para lograr que la medida saliese adelante y nadie se quede sin techo" durante el estado de alarma.
En cualquier caso, se ha conseguido desde la formación que estas compensaciones se abonen solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico. "En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado", han precisado en Unidad Podemos.
Por otro lado, las mismas fuentes han trasladado que no contemplan que el decreto antidesahucios no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros, pues asegurar una vivienda digna en estos momentos supone que ésta cuente con electricidad, gas y agua. En ese sentido, desde Unidad Podemos se espera que Transición Ecológica traslade una propuesta en estos términos "cuanto antes".
Tensión
Esta cuestión generó tensión en la coalición. Primero por la presión de Podemos a raíz de la enmienda, luego retirada, a los Presupuestos Generales que suscribió con ERC y Bildu para ampliar la prohibición de desahucios, una de sus principales demandas sociales. Esta maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon al vicepresidente Pablo Iglesias en público su comportamiento.
Luego Unidas Podemos acusó hace días al PSOE de retrasar la aprobación del decreto al insistir, tras varias semanas de negociación, en que se compense "con dinero público" a los grandes tenedores de vivienda. Lo achacaban a una exigencia de los ministerios de Justicia y Economía. Mientras, desde el PSOE explicaron que se perseguía otorgar seguridad jurídica a la medida.
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado veía "muy cerca" el acuerdo para sellar el decreto antidesahucios "moderadamente satisfactorio" y ha reconocido que Unidas Podemos no se siente "especialmente cómodo" respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha desvelado que si existe suficiente "consenso y claridad" sobre el texto normativo y, en caso de que los trabajos estén "maduros", podría ir al próximo consejo o al siguiente si se cierra el consenso.
