El primer Presupuesto postbrexit del Gobierno británico indica que las opciones permanecen abiertas para la negociación más importante acometida por Reino Unido en tiempos de paz. Pese a prácticamente coincidir en el tiempo con la aprobación de la ley que permitirá a Theresa May iniciar la salida, el proyecto apenas menciona el trance que marcará no solo la legislatura vigente, sino el porvenir de un país que se juega su estatus como potencia de referencia en Occidente.
El jefe del Tesoro británico protagonizará este miércoles su bautizo de fuego con un presupuesto abocado a decepcionar a quienes esperan que una mejor evolución económica y fiscal permitirá introducir estímulos tributarios. Tras meses en los que el ruido del Brexit ensordeció cualquier atisbo de normalidad en la dinámica parlamentaria, la Cámara de los Comunes será testigo de la proclamación de la segunda era de la austeridad.
La cabalgada libre prevista por la premier Theresa May para sacar a Reino Unido de la Unión Europea se encamina hacia una atestada diligencia integrada por parlamentarios, empresarios, mercados e, inevitablemente, la conciencia comunitaria. Si los temores por la presidencia de Donald Trump están siendo amortiguados por el propio aparato institucional estadounidense y la amenaza de la extrema derecha en Francia, por la justicia gala -que ha retirado la inmunidad a Marine Le Pen-; del riesgo del Brexit se han encargado los negocios, la libra y, sobre todo, el Palacio de Westminster.
El Gobierno de Reino Unido ha sufrido el primer escarnio público en materia de Brexit antes incluso de haber iniciado siquiera oficialmente el proceso de desconexión. Como había temido, la Cámara de los Lores aprobó una enmienda propuesta por el laborismo a la ley que lo autorizará a pulsar el botón de salida, con el objetivo de garantizar unilateralmente los derechos de los ciudadanos comunitarios afincados en las islas.
El Gobierno británico debe ponderar los "riesgos" de un "Brexit duro" sobre la integridad de los mercados financieros e intentar evitar el temido precipicio que supondría sustituir el marco legal vigente tan pronto como Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea, sin margen para acuerdos transitorios que permitan la adaptación de empresas y del sistema financiero en su conjunto.
El futuro de los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido se afianza como el escollo legal que definirá el Brexit. Tanto el Gobierno británico como los Veintisiete han expresado su disposición a afrontarlo como una de las prioridades del proceso que se espera que comience antes de final de marzo, pero los desafíos procesales, políticos y reglamentarios sobre un debate de alto voltaje amenazan con hacer descarrilar el primer divorcio integral en la historia de la Unión Europea.
La diferencia entre el volumen de entradas y salidas en Reino Unido se redujo en un 18% en los tres meses transcurridos hasta septiembre, lo que deja el umbral total por debajo de los 300.000 por primera vez en dos años.
Theresa May desafió ayer la convención parlamentaria británica con su asistencia en la Cámara de los Lores a la apertura del debate de la ley que le permitirá iniciar el Brexit. El texto había sido ratificado con comodidad por la Cámara Baja pero, ya que su partido carece de mayoría absoluta en la alta, el resultado final podría ser enmendado por unos lores que quieren reforzar el escrutinio de Westminster y la protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido.