El jefe del Tesoro británico protagonizará este miércoles su bautizo de fuego con un presupuesto abocado a decepcionar a quienes esperan que una mejor evolución económica y fiscal permitirá introducir estímulos tributarios. Tras meses en los que el ruido del Brexit ensordeció cualquier atisbo de normalidad en la dinámica parlamentaria, la Cámara de los Comunes será testigo de la proclamación de la segunda era de la austeridad.
Philip Hammond, un ministro de perfil más técnico que su antecesor, George Osborne, ha descartado que los avances en materia de crecimiento y reducción de déficit vayan a cristalizar en inversiones y bálsamos impositivos. Su misión pasa por reiterar que las finanzas públicas presentan inaceptables números rojos para la que está considerada como una potencia mundial y está dispuesto a que sus primeras cuentas actúen como recordatorio.
Si rediseñar una estrategia fiscal constituye siempre un reto para cualquier inquilino del Número 11 de Downing Street, hacerlo tras una década de dolorosos ajustes y a punto de iniciar el delicado divorcio de la Unión Europea, se acerca a la categoría de epopeya. Las expectativas son exorbitantes y la aparente resistencia económica tras el resultado de un referéndum anticipado como la hecatombe ha generado una impresión errónea acerca del estado del erario británico.
Si bien es cierto que la marcha del déficit es notablemente más saludable de lo anticipado en el denominado Discurso de Otoño, las previsiones habían sido rebajadas tras el veredicto del 23 de junio y, en líneas generales, las actuales cifras se encuentran en sintonía con las perspectivas apuntadas hace un año por el último presupuesto de Osborne. Así, pese a la hegemonía que el Brexit ha impuesto sobre la política británica, la realidad es que el proceso no ha comenzado siquiera y, en términos prácticos, Londres ni siquiera ha comunicado oficialmente a Bruselas su intención de abandonar la UE.
De ahí que la prioridad de Hammond sea reservar cualquier fondo adicional para gestionar las eventualidades que seguro generará la separación de la Unión Europea. Frente a la presión de su propio partido para aliviar la mayor presión tributaria afrontada por las empresas a partir de abril, la crisis de la atención social o las constricciones en materia de Educación, el ministro se niega a dedicar partidas como los 27.000 millones de libras (31.500 millones de euros) de margen extra anunciados en noviembre a cualquier otro destino que no sea el muro de contingencia del Brexit.
Consciente de que la relativa resiliencia quedará a prueba cuando las negociaciones de ruptura evidencien las dificultades de alcanzar un acuerdo, sobre todo en el ámbito comercial, el jefe del Tesoro descarta relajar su posicionamiento fiscal y ha advertido a los diputados conservadores de que cualquier concesión deberá ser sufragada con tijeretazos o subidas de impuestos. Considerando que, desde la llegada de los tories al poder, el gasto público ha caído de un 45 a un 40 por ciento, la mera sugerencia evidencia la desesperada situación de las finanzas británicas.
No en vano, cuando llegó al ministerio en julio, Hammond ya sacrificó una de las vacas sagradas de la Administración Cameron, la consecución del superávit a final de la presente legislatura, guiado por la certeza de que el desenlace del plebiscito obligaba a flexibilizar los objetivos fiscales para evitar un colapso de la economía. De hecho, la mayoría de los expertos considera que ésta ha resistido justamente por los estímulos introducidos desde junio tanto por el Gobierno como por el Banco de Inglaterra.
La ambición actual pasa por eliminar los números rojos a mediados de la próxima década, una meta que, de acuerdo con el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales implicará recortes de gasto y subidas de impuestos por valor de 34.000 millones de libras (39.700 millones de euros). Por si fuera poco, cuando las incertidumbres del divorcio se dejen notar en una inflación superior a las mejoras salariales y en una inversión empresarial a la espera de concreciones, la presión aumentará sobre una economía excesivamente dependiente de los servicios, especialmente del consumo.
Desde el referéndum, el sector minorista ha supuesto un cuarto del crecimiento total, más del doble de su contribución habitual, una tendencia insostenible, sobre todo una vez el gasto de los británicos se contraiga por la degradación de la perspectiva económica y si Reino Unido continúa sin resolver el problema que sufre en materia de productividad. Más allá, aunque Hammond reservará cualquier reforma fiscal para el Presupuesto de Otoño, el hecho de que su Gobierno fuese reelegido en 2015 en base a la promesa de no elevar IRPF, contribuciones a la Seguridad Social, o IVA maniata a un ministro atrapado entre la espada de las expectativas y la pared de la realidad económica.
