La cabalgada libre prevista por la premier Theresa May para sacar a Reino Unido de la Unión Europea se encamina hacia una atestada diligencia integrada por parlamentarios, empresarios, mercados e, inevitablemente, la conciencia comunitaria. Si los temores por la presidencia de Donald Trump están siendo amortiguados por el propio aparato institucional estadounidense y la amenaza de la extrema derecha en Francia, por la justicia gala -que ha retirado la inmunidad a Marine Le Pen-; del riesgo del Brexit se han encargado los negocios, la libra y, sobre todo, el Palacio de Westminster.
La demanda de garantías de un "voto significativo" del acuerdo negociado con Bruselas representa una prueba del funcionamiento constitucional de la democracia más antigua del planeta. Esta semana, el Gobierno sufría su primera derrota parlamentaria en materia de Brexit, después de que una alianza de lores se uniese para conminar al Ejecutivo a proteger los derechos de los 3,2 millones de ciudadanos comunitarios que se calcula residen en las islas.
Si bien es difícil que la enmienda, introducida durante la tramitación de la ley que autorizará a May a pulsar el botón de salida, sea aceptada en la Cámara Baja, el resultado de la votación del miércoles supone un recordatorio y un aviso: ni Downing Street cuenta con el poder inalienable para determinar unilateralmente la fórmula que decidirá la salida, ni el Parlamento está dispuesto a ejercer como convidado de piedra ante una de las negociaciones más importantes de la historia británica reciente.
Aun así, la premier británica se mostró dispuesta a pagar el precio del escarnio en Westminster, si con ello se garantizaba el control absoluto sobre una de las cartas fundamentales que se jugarán en la negociación con la UE: el futuro del contingente europeo en Reino Unido y, por extensión, de los británicos en suelo continental, un volumen humano que supera los cuatro millones de personas y que, según han alertado ya los expertos, podría acabar convertido en moneda de cambio ante un virtual bloqueo político.
Su sacrificio, con todo, fue relativo, puesto que May sabe que cuando la normativa regrese a la Cámara de los Comunes -que en febrero fue aprobada sin cambios- los diputados difícilmente querrán mediar en cuestiones consideradas parte de la fase posterior, es decir, la que llevará a acordar el divorcio. Su seguridad en materia de ciudadanía foránea contrasta, por el contrario, con el margen que podría hallar en caso de que la Cámara Alta apruebe la próxima semana una enmienda para garantizar el notorio "voto significativo" para el Parlamento británico.
Así, si el futuro de la inmigración es percibido como un ámbito todavía a discutir, el papel de Westminster, sin embargo, constituye un aspecto procedimental, es decir, que afecta a la forma del debate. En consecuencia, los diputados podrían pensarse dos veces la posibilidad de amparar una potencial propuesta de los lores para asegurar que la ley que otorgará al Gobierno el poder de iniciar oficialmente la ruptura contiene salvaguardas para que la voz del Parlamento cuente.
Si la Cámara de los Comunes acepta incluir esta demanda, el espacio de maniobra de May cambiaría notablemente, puesto que si hay una corriente que domina entre los parlamentarios es la que considera que un Brexit blando, es decir, aquel que mantenga los lazos comerciales, es el desenlace más conveniente. Aunque son pocos los que están preparados para desafiar el veredicto de las urnas, el colectivo de diputados inquieto ante la separación es cada vez mayor, como también lo es la polarización entre partidarios recalcitrantes y opositores declarados del Brexit.
La política de fronteras en liza
De hecho, la controversia en materia de inmigración representa una de las evidencias más significativas. La apertura de fronteras fue uno de los factores que decantó la votación del 23 de junio, pero zanjado el plebiscito, la demoscopia dice que los británicos aprueban que aquellos afincados en el país puedan continuar. May, no obstante, ha rechazado dar garantías, convencida de que autorizar unilateralmente la presencia de los europeos dejaría expuestos a los británicos residentes en el resto del continente.
Pese a haber militado en el bando probruselense antes del referéndum, la primera ministra ha adoptado la línea dura de los eurófobos en extranjería. En su opinión, el Brexit triunfó por esta, por lo que el Ejecutivo está obligado a escuchar al electorado. El problema, más allá de las dudas legales, es que la totalidad de los estudios independientes prueban que, frente a los prejuicios, los ciudadanos comunitarios han aportado más de lo que han tomado en Reino Unido.
