El primer Presupuesto postbrexit del Gobierno británico indica que las opciones permanecen abiertas para la negociación más importante acometida por Reino Unido en tiempos de paz. Pese a prácticamente coincidir en el tiempo con la aprobación de la ley que permitirá a Theresa May iniciar la salida, el proyecto apenas menciona el trance que marcará no solo la legislatura vigente, sino el porvenir de un país que se juega su estatus como potencia de referencia en Occidente.
El ministro del Tesoro hizo honor reticentemente a su apodo "Phil Hoja de Cálculo" y se amparó en los números para evitar comprometerse ante un futuro incierto. Su estreno presupuestario pasó por alto los retos que acarreará la salida, entre los que figura la factura de 60.000 millones que Bruselas considera imponer a Londres, para centrarse en la política doméstica, confirmando la percepción generalizada de que, más allá de las genéricas ambiciones recogidas en el Libro Blanco del Brexit, el Ejecutivo sigue sin contar con una estrategia para el divorcio.
La ausencia de especificidades por parte de Philip Hammond es comprensible, por cuanto el jefe de las finanzas británicas constituye uno de los baluartes del sector que aboga por mantener los lazos más estrechos posibles con la Unión Europea y, crucialmente, con el mercado común. Frente al núcleo duro que demanda una ruptura limpia, Hammond nunca ha ocultado su inquietud por la deriva del proceso, por lo que el espíritu de su presupuesto fue consecuente con sus reservas: más allá de su descarte de una oleada de gastos aprovechando la mejora de las previsiones económicas, optó por la contención, con el objetivo de aguardar a que las conversaciones con los Veintisiete estén en curso y se conozca con precisión el tono que impondrá Bruselas.
Cautela hasta otoño
Por ello, las grandes apuestas en materia fiscal y la capacidad de adaptación a las demandas inherentes al Brexit tendrán que esperar, como mínimo, hasta otoño, cuando por primera vez entre en vigor la nueva fecha para el que se convertirá en el único evento presupuestario del año. La única declaración de intenciones de Hammond fue la esperada en un político conocido por su cautela y las mejoras apuntadas tanto en materia de crecimiento, revisado notablemente al alza para este año 2017, como de déficit, sensiblemente inferior al calculado el pasado mes de noviembre, actuarán como colchón ante los eventuales desafíos impuestos por la salida de la UE.
No en vano, el Tesoro es consciente de que la economía sufrirá inevitablemente la debilitación del gasto del consumidor, uno de los motores del modelo británico, debido al aumento de una inflación que amenaza con crecer por encima de los salarios y, sobre todo, con golpear preocupantemente a los hogares con menos recursos, los mismos que May se ha comprometido reiteradamente a proteger.
La prudencia del ministro es congruente con un escenario en el que el margen de Reino Unido es reducido. Una vez definida, el éxito de su estrategia dependerá de la flexibilidad de veintisiete países con agendas propias y, crucialmente, de la voluntad de un proyecto europeo que afronta uno de los más arriesgados trances de sus cincuenta años de historia.
Frente al optimismo desbordado del núcleo duro del Brexit, que promete un futuro de prosperidad independientemente de que el divorcio quede pactado, Hammond reconoce los riesgos de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo. Para empezar, el comercio británico quedaría bloqueado en un marasmo legal de repercusiones impredecibles, precisamente cuando más necesita de la laxitud del continente: los intercambios comerciales de Londres hacia el resto de la UE superan ampliamente los que los Veintisiete dirigen a Reino Unido, lo que hace que este tenga mucho más que perder.
De ahí que la Cámara de los Lores se atreviese la semana pasada a desafiar al Gobierno al demandar un "voto significativo" del Parlamento sobre los términos definitivos concertados con Bruselas. La clave de la enmienda, presentada a la ley que autorizará a May a pulsar el botón de salida, es que no sólo permitiría a Westminster desechar un "mal acuerdo", sino "bloquear el Brexit en su conjunto, al impedir permitir una salida sin acuerdo".
La pelota está ahora en el tejado de la cámara baja, que esta semana deberá pronunciarse sobre las sugerencias de los lores. El Ejecutivo confía en sofocar cualquier conato de rebelión, pero la presión es cada vez mayor sobre unos diputados divididos entre su conciencia y la disciplina de partido.
