El Gobierno británico debe ponderar los "riesgos" de un "Brexit duro" sobre la integridad de los mercados financieros e intentar evitar el temido precipicio que supondría sustituir el marco legal vigente tan pronto como Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea, sin margen para acuerdos transitorios que permitan la adaptación de empresas y del sistema financiero en su conjunto.
Se trata de la advertencia del jefe de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, en sus siglas en inglés), en otras palabras, el regulador británico, que considera no solo que los usuarios quedarían expuestos a potenciales malas conductas de la banca, sino que un escenario sin transición controlada acarrearía serias amenazas para la competencia y para la estabilidad.
En una carta remitida a la influyente Comisión del Tesoro del Parlamento, Andrew Bailey, CEO de la FCA, advirtió de que un divorcio abrupto dejaría a los reguladores sin capacidad de acceder a la información básica de aquellas compañías que están obligados a controlar, lo que los dejaría sin capacidad de detectar eventuales irregularidades y de, mucho menos, actuar.
Por si fuera poco, las consecuencias sobre la pérdida repentina del denominado pasaporte financiero podrían llevar a miles de firmas a carecer de los requisitos mínimos para desempeñar su papel, aumentando las posibilidades de sufrir acciones legales por no facilitar los servicios para los que habían sido contratados.
Pero los lances que debe gestionar el Ejecutivo superan los confines de la estabilidad financiera y, crucialmente, afectan a la esencia de la ordenación constitucional británica. Así, de acuerdo con el diario The Times, la mayor preocupación actual de Theresa May y su equipo son las posibilidades de que el Brexit acabe desencadenando la ruptura de Reino Unido.
Como en 2014, la amenaza procede nuevamente de Escocia, puesto que la primera ministra trabaja ya sobre la base de que los nacionalistas demandarán un segundo referéndum de independencia coincidiendo con la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, prevista para mediados del próximo mes.
Según teme Downing Street, tan pronto como May active oficialmente el divorcio, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, estaría dispuesta a reabrir un debate que David Cameron había dado por zanjado en septiembre de 2014 con un plebiscito en el que la continuidad del statu quo había recabado el apoyo del 55%.
El respaldo de los escoceses a la permanencia en la UE en junio, frente al resultado general probrexit, ha sido considerado por Sturgeon como el cambio fundamental de las reglas de juego que justificaría una segunda consulta de independencia: aunque May se puede negar, la demanda la situaría en una complicada tesitura constitucional.