El Gobierno de Reino Unido ha sufrido el primer escarnio público en materia de Brexit antes incluso de haber iniciado siquiera oficialmente el proceso de desconexión. Como había temido, la Cámara de los Lores aprobó una enmienda propuesta por el laborismo a la ley que lo autorizará a pulsar el botón de salida, con el objetivo de garantizar unilateralmente los derechos de los ciudadanos comunitarios afincados en las islas.
La intentona de última hora de la ministra de Interior, quien prometió por carta proteger a este colectivo de más de tres millones, resultó insuficiente para una alianza que superó filiaciones partidarias. Como consecuencia, el texto, de apenas 137 palabras, regresará a la Cámara de los Comunes, que deberá posicionarse sobre una recomendación rechazada por el Ejecutivo por temor a dejar en un limbo legal a los británicos basados en el resto del continente.
Así, frente a las astutas concesiones aceptadas hasta ahora para evitarse una derrota en Westminster, May tiene claro que la negociación de las condiciones de los europeos residentes en Reino Unido debe ir de la mano de la de los nativos en suelo europeo. De ahí su disposición a aceptar el agravio de ser derrotada en la Cámara Alta, incluso si ello implica retrasar una semana la aprobación de la ley.
La primera ministra trabaja sobre la base de que los diputados se pondrán de su parte, y sabe que, superado este escollo, será libre de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa antes de final de mes, como había previsto. Con todo, el golpe sufrido ayer en los Lores, donde carece de mayoría absoluta, no le saldrá gratis. La aprobación de la enmienda supone un anticipo de las dificultades que el Gobierno va a hallar en el Parlamento para sacar adelante cualquier propuesta relacionada con el Brexit.
La normativa actualmente en tramitación se limita a conceder el permiso para iniciar el divorcio, pero ni siquiera la sencillez de su formulación la ha eximido de obstáculos. No en vano, el inesperado amplio respaldo obtenido el pasado mes en la Cámara Baja oculta la realidad de una institución no solo profundamente dividida en relación a la ruptura, sino dominada por parlamentarios que habían apoyado la continuidad en la UE en el referéndum del 23 de junio.
De esta forma, la "contienda de ping-pong -como se conoce en Reino Unido al intercambio de enmiendas entre las dos Cámaras de Westminster-" pone en una delicada tesitura a los diputados, pero, sobre todo, a un Gobierno que, además de convencer a Veintisiete países, está obligado a persuadir a un Parlamento dispuesto a ganarse a pulso el tener voz y voto sobre el Brexit.
