El procedimiento especial para microempresas de la nueva Ley Concursal entró en vigor el pasado 1 de enero, aunque a efectos prácticos y tras la inhabilitación judicial por Navidad hasta el día 8, echó a rodar el pasado lunes. Los administradores concursales, a pesar de lo incipiente de la puesta en marcha de la norma, ya cuestionan la eficacia de una de las dos patas que trae el procedimiento: la plataforma de venta de activos.
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de diciembre el Anteproyecto de Ley que regulará las acciones colectivas en defensa de los consumidores y que aún está a falta de pasar todo el trámite parlamentario para convertirse en Ley. De momento, el primer texto publicado este lunes ya muestra las primeras novedades en el ámbito de estas actuaciones (aún susceptible a cambio) y abre la puerta a que terceros financien estas acciones colectivas. Hasta ahora, la entrada de jugadores externos para sufragar los gastos de un litigio de estas características en nuestro país estaba en la alegalidad, ni estaba regulado ni era ilegal, pero la directiva europea que ahora transpone España lo recoge.
Las últimas leyes en materia empresarial y de empleo puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez suponen un freno para las quiebras empresariales y el desempleo, en algunos casos hasta 2024, una vez pasadas las elecciones generales.
Los créditos avalados por ICO que concedieron las entidades a empresas, pymes y autónomos en pleno confinamiento apuntan a protagonizar la nueva oleada de demandas contra la banca. Los grupos financieros ya han recibido más de 30 demandas en los tribunales que piden la nulidad de los avales ICO, mientras despachos especializados en estas acciones trabajan en preparar, al menos, otras 300 demandas más, según informan a elEconomista.
El Ministerio Fiscal refuerza su capacidad de actuación en el ámbito de la investigación penal. A partir de ahora, la Fiscalía podrá asumir la dirección de la investigación policial, en cualquier fase en la que se encuentre y podrá impartir instrucciones a las unidades de la Policía Judicial sobre los criterios de investigación. Además, podrá reabrir investigaciones que los órganos judiciales hayan cerrado. Así lo recoge la nueva Circular 2/2022 sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito penal que refuerza la doctrina de la Fiscalía General del Estado a través de un texto unificado que sustituye a la circular de 2013.
La notificación de un procedimiento administrativo a una compañía a través del formato papel en vez de por vía electrónica es válida siempre que permita a la empresa tener constancia de su envío, según señala el Tribunal Supremo. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia fechada a 21 de noviembre de este año, asegura que la Ley 39/2015 en su artículo 41.1 recoge que "con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente".
Los convenios colectivos de las compañías tienen que cumplir con el principio de igualdad y no pueden establecer una remuneración inferior para los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal (ETT) frente a la de los trabajadores de la compañía usuaria. En ese caso, y según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia fechada a 15 de diciembre de 2022 y que falla sobre un caso en Alemania, el convenio colectivo debe prever ventajas compensatorias para los empleados procedentes de la ETT.
El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional (TC) ha dado en la mañana de este jueves luz verde a los cuatro magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional (TC) al ponerse de acuerdo en la elección de los dos magistrados que le corresponde elegir. El Pleno del CGPJ ha elegido por unanimidad a César Tolosa (presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala Cuarta hasta su jubilación en octubre), después de la fallida votación del pasado día 20 de diciembre en la que no lograron ponerse de acuerdo.
El recurso de la Fiscalía contra excarcelaciones tiene efectos suspensivos, según la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.