Los créditos avalados por ICO que concedieron las entidades a empresas, pymes y autónomos en pleno confinamiento apuntan a protagonizar la nueva oleada de demandas contra la banca. Los grupos financieros ya han recibido más de 30 demandas en los tribunales que piden la nulidad de los avales ICO, mientras despachos especializados en estas acciones trabajan en preparar, al menos, otras 300 demandas más, según informan a elEconomista.
Los afectados piden a los tribunales la nulidad del 100% del aval, o al menos el 80% que asume el Estado a través del ICO, por la mala información que se les dio durante la comercialización de esta financiación. Desde el despacho de abogados Fieldfisher explican que cuando se comenzaron a dar estos préstamos, a finales de marzo de 2020 con el estallido de la pandemia, los bancos informaron a los clientes (tal y como aseguran que hay constancia en las comunicaciones por escrito entre entidad y deudor) de que el Estado se haría cargo del 80% del aval del préstamo y el cliente del restante 20%. Es decir, dieron a entender que si la empresa, la pyme o el autónomo no podía hacer frente al crédito, la entidad ejecutaría al deudor los avales exclusivamente por el 20% del importe del préstamo, y el otro 80% lo asumiría el Estado.
Sin embargo, una vez que en junio finalizó el periodo de carencia de pago de estos préstamos, junto a los efectos que ha dejado en las empresas la invasión de Ucrania con la subida de costes y el precio de la energía, muchas compañías no han podido asumir el pago de estos créditos y han visto como el banco les ha ejecutado el cien por cien del aval. "Se explicó mal, se dio a entender que en caso de impago, la compañía asumiría el 20% del aval y el ICO, el 80%", señalan desde el bufete. Sin embargo, solo se llega al ICO cuando, una vez ejecutado el 100% del aval al deudor, no es suficiente para cubrir el impago.
De momento, ya hay actuaciones presentadas ante tribunales de Madrid, Barcelona y Lérida. Se trata de demandas individuales, no de acciones colectivas, porque el afectado tiene que demostrar que no entendió bien lo firmado y se tiene que evaluar si desplegó las diligencias adecuadas para entenderlo.
Por otro lado, fuentes jurídicas señalan que al ser varias las entidades que al inicio de empezar a dar esta financiación informaron de que el ICO se haría cargo del 80% del aval, es, bajo su sospecha, porque inicialmente se decidió así pero que el Estado, al tener constancia del relevante volumen de financiación que se estaba dando, cambió el criterio. Bajo esta conjetura, se han pedido los contratos entre el ICO y la banca al portal de transparencia, solicitud rechazada, por lo que se le está requiriendo a los jueces.
23.000 millones en riesgo
El Ejecutivo, a través del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, aprobó una línea de 100.000 millones de euros para avalar, como máximo, el 80% de la financiación que la banca diera a empresas, pymes y autónomos para dotarles de liquidez ante el cierre de la economía por la pandemia. Por lo tanto, el Gobierno, a través del ICO, lo que hizo fue garantizar a las entidades que, en el caso de impago, el Estado cubriría la pérdida del 80% del préstamo. Es decir, protegía el grueso de la morosidad que pudiera entrarle a la banca. Bajo esta línea, la banca prestó 122.300 millones de euros, de los que 92.800 millones están avalados. Actualmente, según el Banco de España, hay 23.000 millones en riesgo de impago.
