Las últimas leyes en materia empresarial y de empleo puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez suponen un freno para las quiebras empresariales y el desempleo, en algunos casos hasta 2024, una vez pasadas las elecciones generales.
El Congreso aprobó el pasado 22 de diciembre la nueva Ley de Empleo, que dio a la Inspección de Trabajo poder de decisión sobre los ERE. Es decir, para que una empresa lleve a cabo un expediente de regulación va a necesitar el aval de Inspección, que vigilará que el proceso cumple con las causas alegadas. Además, el pasado 28 de diciembre, y dentro del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, el Ejecutivo extendió la moratoria contable para que las empresas que tuvieron pérdidas en 2020 y 2021, y por tanto redujeron su patrimonio por debajo de la mitad de su capital social, no entren en disolución, dándole de margen hasta 2024. "Se está 'zoombificando' la economía bajo el mensaje de que los empresarios son malos y quieren despedir y cerrar", asegura un relevante economista consultado por este diario.
Pero la intervención del Ejecutivo en materia empresarial ha dado más pasos. Entre las medidas urgentes del Real Decreto también se incluyeron modificaciones a la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre, para intentar facilitar las reestructuraciones de empresas que tuvieran créditos avalados por el ICO concedidos durante la pandemia. En la primera versión de la norma, ésta obligaba a que una empresa con ICO tuviera el visto bueno de Hacienda para cualquier medida que afectara al préstamo, ahora exonera a la banca de pedir luz verde a la Agencia Tributaria, pero entran en juego los Abogados del Estado para defender los intereses del ICO (y por tanto, del Ministerio de Economía).
Así, los Abogados del Estado podrán intervenir directamente en los procesos concursales, en sus diferentes fases. En la tramitación de la aprobación del convenio, podrán oponerse a la aprobación judicial del mismo, a la formación de clases y a la impugnación del auto de homologación del plan de continuación. Además, durante la tramitación del plan de reestructuración, también podrán oponerse a la formación de clases y a la homologación del propio programa de reestructuración.
Por otro lado, y casi ya con un año de recorrido, la reforma Laboral conduce a posibles distorsiones en la tasa de empleo. El impulso de los contratos fijos discontinuos en lugar de los temporales, lleva a que cuando estos fijos discontinuos entren en inactividad no engrosen la lista del paro, ya que en vez de desempleados, se clasifican como demandantes de empleo con relación laboral. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el paro ha caído un 34%, hasta los 2,03 millones.
Efectos de las normas
Para los economistas consultados, las medidas del Gobierno solo "desincentivan" la creación de empresas y frena la inversión extranjera, ante las trabas que pone a la contratación, los despidos y las liquidaciones. De hecho, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la inversión extranjera en España ha caído un 45% desde 2018. "La legislación laboral y la jurisprudencia es tan garantista que hacer un ERE o un ERTE en España ya es la travesía del desierto", aseguran las mismas fuentes. Además, apuntan a que desde el Ejecutivo se teme "una avalancha" de EREs y de quiebras, por lo que se intenta "maquillar" la situación hasta 2024. Las elecciones generales se celebrarán en noviembre de 2023.
Varias de las decisiones del actual Gobierno no son nuevas. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ya aprobó en 2008, mediante Real Decreto Ley, una moratoria en las disoluciones de empresas, por las que no se contabilizarían las pérdidas de 2008 y 2009, medida que se extendió hasta enero de 2013. Ese año, los concursos de acreedores tocaron récord, con 9.300. Además, en el mismo paquete de medidas de 2008, se habilitaron créditos ICO para dar liquidez a las pymes.