"Ningún banco tiene ganas de financiar a un partido". Esta es la declaración de uno de los principales bancos del país sobre su predisposición a dar préstamos a las formaciones políticas y es la misma posición que la del resto de entidades competidoras. El sector financiero muestra de forma contundente su rechazo a seguir financiando a los partidos políticos y exige al Gobierno que cambie la ley de financiación de las formaciones, para que se les garantice la liquidez suficiente, o bien, cambie la regulación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pueda financiar el cien por cien de las necesidades de los grupos.

Santander ha encajado el golpe del Brexit sin deterioro ni en la recomendación de compra que el conjunto de analistas que sigue su cotización emite sobre sus acciones ni en el precio objetivo que este mismo consenso fija de media -situado ahora en los 4,75 euros, hasta donde los títulos del banco cuentan con un potencial alcista de cerca del 30 por ciento-.

El último presidente del Banco Popular antes de su caída, Emilio Saracho, declarará por primera vez ante la Audiencia Nacional para explicar los motivos que llevaron al declive de la entidad el próximo 2 de octubre. El testimonio del banquero abrirá la ronda de comparecencias de los investigados en el caso, tras más de dos años del fin del banco.

Las subvenciones que da el Gobierno a los partidos políticos en función del número de escaños y votos que logren en los comicios se ha reducido casi a la mitad desde la crisis económica. En 2011, último año de la legislatura del socialista Rodríguez Zapatero antes de que Mariano Rajoy obtuviera el triunfo en las elecciones generales de noviembre, las distintas formaciones se repartían hasta 82,3 millones de euros. En la actualidad, se reparten 52,7 millones de euros.