"Ningún banco tiene ganas de financiar a un partido". Esta es la declaración de uno de los principales bancos del país sobre su predisposición a dar préstamos a las formaciones políticas y es la misma posición que la del resto de entidades competidoras. El sector financiero muestra de forma contundente su rechazo a seguir financiando a los partidos políticos y exige al Gobierno que cambie la ley de financiación de las formaciones, para que se les garantice la liquidez suficiente, o bien, cambie la regulación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pueda financiar el cien por cien de las necesidades de los grupos.
Hasta el momento, los partidos políticos acudían a la banca, y de forma muy especial, al Popular, para financiar sus necesidades de cara a una campaña electoral. Tras la caída del que fue el sexto banco del país, la mayor afluencia de citas con las urnas y el menor ingreso de subvenciones que ahora quedan repartidas entre nuevas formaciones políticas, los partidos han llamado a las puertas de otras entidades y han recibido una respuesta tibia.
Los bancos españoles se niegan a financiarles el cien de sus necesidades y, en las últimas campañas, ha tenido que entrar el ICO a cubrir parte de ellas. No obstante, la regulación del ICO estipula que solo dará préstamos a los grupos si ya tienen un banco detrás, es decir, no pueden financiar la totalidad de sus necesidades.
Criterios de riesgo
Desde el sector, explican que tratan a las formaciones con los mismos criterios de riesgo que cualquier cliente. "Se les da un anticipo en función de los escaños previstos que pueden ganar, se espera que se cubra con el dinero que reciben de la subvención pública, pero si al final no logran el resultado esperado, pues tenemos un problema", aseveran. Además, añaden que no se les puede financiar el cien por cien de sus necesidades para afrontar las campañas electorales, porque "no se cumplirían los requisitos de riesgo, ya que sabes que no te lo van a poder pagar".
Desde otra de las grandes entidades del país también señalan que dan anticipos a las formaciones, pero "muy justitos" y con un "criterio de riesgo muy sensato" en función de los escaños que se prevén que se puedan ganar en los comicios.
Cabe recordar que el Estado paga a los partidos políticos 21.167 euros de subvención por cada escaño ganado, tanto en el Congreso como en el Senado, más 0,81 euros por voto para la Cámara Baja y 0,32 euros, para la Cámara Baja, siempre que logren representación en las mismas. Por ejemplo, en el caso del PSOE, que obtuvo 123 escaños en el Congreso y 7,48 millones de votos el pasado 28 de abril; recibirá 8,65 millones. Por los 121 escaños del Senado y los 17,5 millones de votos, otros 8,23 millones de euros. En total, 16,8 millones de euros. Sin embargo esta cifra queda lejos de los 32,6 millones que recibió en 2011, antes de que se celebraran las elecciones nacionales que dieron la victoria a Mariano Rajoy. Ante esta situación de mayor precariedad de los partidos, desde el sector financiero opinan que tendría sentido que el Gobierno de turno modificara la ley de financiación para estipular legalmente el dinero a percibir o que pusiera al frente de esta financiación a un organismo público como el ICO. "Hay que cambiar la ley y deben hacerlo los políticos", inciden.
Mientras esto no ocurre, las entidades se preguntan cómo no van a financiar si es necesario para sostener el sistema democrático. "Con los anticipos no ganamos dinero, no son una operación financiera, pero si no entramos se está perjudicando a los partidos políticos y a la democracia", añaden.
Asimismo, recriminan que Bankia no entre a financiar formaciones bajo el argumento de que es una entidad pública, cuando el ICO también lo es. "Pues tendremos que entrar el resto...", lamentan.
El sector recuerda que no hay interés en financiar a un partido u a otro, y que hacerlo lo único que puede crear son suspicacias políticas sobre quién y por qué financian a tal.
Nuevas necesidades
Desde el ICO reconocen que en las últimas elecciones nacionales del 28 de abril prestaron dinero a distintos partidos políticos, aunque no pueden dar información sobre los clientes. La entidad justifica su entrada en la financiación de las formaciones ante los varios procesos electorales que se han celebrado en tan poco tiempo unido a la reforma del sistema de financiación y el menor número de bancos que operan en el país con las consolidaciones habidas durante la crisis y la práctica desaparición de las cajas. "Ante este escenario se consideró oportuno entrar a financiar, pero siempre que al menos ya haya un banco privado detrás y lo hacemos en las mismas condiciones del mercado, es decir, con los mismos tipos de interés", explican a elEconomista.
De momento, reconocen que ningún partido político se ha puesto en contacto con el ICO para pedir nueva financiación de cara al 10-N. Las formaciones consultadas por este diario rechazaron hablar.
