La caída del Popular dejó a cientos de miles de accionistas y bonistas sin un euro de lo invertido en la entidad de la noche a la mañana. La causa que las autoridades aducen es que el banco tenía un valor negativo y se quedó sin liquidez para atender la demanda de dinero de sus clientes. Sin embargo, dos semanas después, seguimos sin conocer la valoración negativa (entre 2.000 millones y 8.200 millones) realizada por Deloitte, que fue concluyente para su liquidación.
La reconstrucción de los hechos, según diversas fuentes consultadas por elEconomista, apunta que la salida de depósitos comenzó poco después de la sustitución de Ángel Ron. El acceso a la presidencia de Emilio Saracho y su discurso tenebroso sobre el futuro del banco en la Junta de accionistas de abril incrementó la desconfianza.
Pero la fuga masiva de dinero comienza a producirse una semana antes de la intervención, concretamente el 31 de mayo, cuando una responsable de la Junta Única de Resolución (JUR) amenaza con intervenir si "no se encuentra una solución privada". La declaración, posteriormente matizada, fue un golpe mortal para el Popular.
Unos días después, el viernes 2 de junio, la notica de elEconomista de que Bankia y BBVA se retiran de la puja y el Gobierno confía ya solo en el Santander, acelera la retirada de liquidez. El deterioro es tal que ese fin de semana se comunica a Saracho que, en el momento en que se quede sin liquidez, habrá intervención. La idea era ejecutarla el sábado, 10, pero antes se utilizó al Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) para pedir a BBVA y al Santander (los dos únicos banco con músculo para poder digerir el Popular) que presentaran oferta a precio de derribo.
Ese fin de semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la presidenta del Santander, Ana Botín, coinciden en la 65 edición anual del Club Bilderberg, celebrada en Chantilly, Virginia (Estados Unidos). Guindos aprovecha la ocasión para arrancar el compromiso de Botín de quedárselo, aunque sea por un euro, una vez intervenido, para defenderse de las demandas.
Con ello, evita el concurso de acreedores y la posterior quiebra de la entidad financiera, que hubiera dañado, además de a todos sus depositantes, la imagen y el rating exterior de España.
El nerviosismo, alimentado por el desplome en bolsa del 17 por ciento diario, provoca que los grandes clientes, empresas e instituciones, retiren sus fondos. En ningún momento se producen colas en las sucursales, porque sus clientes actúan con discreción, mediante un simple click para sacar dinero.
La presidenta del Mecanismo Único de Resolución (MUR), Daniéle Mouy, aseguró, sin embargo, hay "cierto margen para que la Justicia española investigue si hubo información privilegiada" en estos movimientos. Desde el sábado, el Banco de España, la CNMV, Economía y las autoridades europeas, además de Saracho, sabían que la intervención era casi inevitable. Hasta el martes a mediodía, en que el Popular se queda sin liquidez, pasaron dos días hábiles para retirar dinero. Luis de Guindos lo tiene claro. Responde al día siguiente al MUR que no hay necesidad de investigar y da carpetazo al asunto. En este punto, se suscita otra controversia: ¿Hasta qué punto el MUR no debería suministrar liquidez a los bancos in extremis hasta encontrar una solución? Si se hubiera alargado la vida hasta el viernes, habría podido recibir una oferta del BBVA.
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, echó más leña al fuego este viernes al defender que el Popular podía haber obtenido dinero extra, porque contaba con activos para respaldar su petición. Entonces, ¿por qué Saracho tiró tan pronto la toalla? Y aún hay más, ¿por qué Guindos aseguró tras la venta que no había posibilidad de obtener más liquidez? Otra flagrante contradicción con el Banco de España.
Los Asociación de Inspectores pone la guinda al soufflé, al dudar de la auditoría de Deloitte, que motivó la intervención. Critica que el resultado varíe hasta el 400 por ciento y lo atribuye a que se realizó de manera precipitada, en menos de una semana. Una impresión ratificada por el MUR en un comunicado a la CNMV, en el que califica la valoración de "provisional". Prorrogar unos días su existencia podría haberlo salvado. O lo que es peor: ¿es correcto intervenir un banco con un auditoría provisional?
Tampoco nadie se explica por qué el gobernador del Banco de España, José María Linde, dio a Saracho de plazo hasta julio para buscar un comprador, pese a conocer sus problemas de solvencia.
PD.- Quizá ahora entiendan porqué el Banco de España veta a elEconomista, violando la libertad de información, un derecho fundamental. Sigue los pasos de su antecesor, porque criticamos su apoyo a las antiguas cajas, y de Podemos. Vamos a seguir escribiendo lo que pensamos, señor gobernador, se ponga como se ponga.
