El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, ha achacado esta mañana a "la ley de Murphy" (si algo puede salir mal, saldrá mal) los acontecimientos negativos que se sucedieron entre abril y mayo de 2017 que llevaron a la caída del banco. Saracho ha comparecido por segundo día consecutivo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y ha explicado que todos los acontecimientos previos al fin del banco se precipitaron. El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, ha espetado al exbanquero que "parece que todo se hizo coincidir en el tiempo para que fuera una bomba explosiva", según informan fuentes judiciales.
El fiscal se refirió al hecho de que el 3 de abril de 2017 el Banco Popular anunciara al mercado que debía hacer una corrección de las cuentas de 2016, lo que supuso un desplome en bolsa del 5%. Además, ese mismo día, el banco anunció que el consejero delegado, Pedro Larena, abandonaba el Popular, desestabilizando aún más la entidad. Tan sólo siete días después, el 10 de abril, Saracho anunció ante la junta de accionistas que el banco debía venderse o realizar una macroampliación de capital. A juicio de Anticorrupción, todos estos acontecimientos fueron una bomba explosiva. Según Saracho, solo "la lay de Murphy".
El exbanquero ha explicado que fueron los auditores (PwC) los que le aconsejaron el día que tenía que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la reexpresión de las cuentas, echando balones fuera sobre su gestión. No obstante, el juez le ha recriminado que si tenía diez días para comunicar esa decisión al mercado por qué no esperó a que pasara la junta de accionistas para no desestabilizar la entidad, pero el banquero respondió que no se pudieron gestionar los tiempos de otra manera. Además, Saracho ha justificado que la marcha de Larena fue una decisión personal que tomó porque no estaba cómodo con la llegada del nuevo director financiero Miguel Esrig.
Saracho defendió que él no realizó filtraciones a la prensa sobre la situación del Popular (que hundieron aún más el valor en bolsa del banco), aunque reconoce que salieron desde su consejo de administración sin saber quién lo hizo, tal y como ya declaró ayer. No obstante, hoy matizó que confiaba en los miembros del equipo gestor puesto que había auténticas bombas que filtrar a los medios de comunicación como las cartas que les remitía el Banco de España mostrando su preocupación por la entidad.
El juez imputó en noviembre de 2017 a Emilio Saracho por el presunto delito de manipulación de mercado. La investigación señala que el expresidente del banco podría haber buscado tumbar el precio de la acción del Popular para conseguir vender más barato y, por tanto, de forma más rápida. Saracho ha reconocido que su objetivo era vender la entidad o, en caso contrario, realizar una ampliación de capital. La Audiencia Nacional mantiene imputados a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, junto a sus respectivos consejos de administración por la caída del banco. Saracho finalizó hoy su comparecencia tras responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y sus abogados, pero no a las de las acusaciones particulares y populares. El próximo 30 y 31 de octubre acudirá a declarar Ángel Ron, acusado de falsedad de cuentas.
Relacionados
- Saracho abre las declaraciones por Banco Popular con los peritos en su contra
- Banco Popular desaparece tras 93 años de historia: Santander absorbe la marca dentro del plan de integración
- La Audiencia Nacional exime al Banco de España por la liquidación de Popular
- Saracho y Ron chocan por el informe de los peritos del Banco de España sobre la caída de Popular
