El Banco Santander ya ha reducido casi el mismo número de oficinas que absorbió tras integrar el negocio del Popular en Portugal en 2018. El grupo financiero ha realizado un ajuste en el país vecino de casi el 19% de la red de sucursales y del 5% de la plantilla, lo que significa el cierre de 127 oficinas y la salida de 340 empleados entre inicios de 2018 y el tercer trimestre de este año.
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigos en el marco de la investigación de la caída del Banco Popular al exministro de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Además, también tendrán que comparecer el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella. Cabe recordar que el Popular realizó una ampliación de capital en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros que estuvo asesorada por el despacho de abogados Linklaters, entonces encabezado por Sebastián Albella. Además, también declararán el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, y la expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, según informa el juez en un auto.
Dice que comenzó a dudar de la gestión de Ángel Ron en 2014
La exconsejera del Banco Popular y presidenta del Comité de Nombramientos, Reyes Calderón, ha señalado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que en 2016 era necesario que el entonces presidente de la entidad, Ángel Ron, cesara de su cargo porque lo exigía "el mercado". Calderón se ha defendido así de las declaraciones de Ron que el pasado 30 y 31 de octubre apuntó contra ella y el también exconsejero del banco, Antonio del Valle, como los urdidores de su salida.
El que fue presidente del Banco Pastor y exvicepresidente del Popular entre 2017 y 2017, José María Arias Mosquera, ha admitido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que él era partidario de que el Popular se vendiera a una entidad privada. Arias aseguró que no vio con buenos ojos la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros y que hubiera preferidad una operación corporativa con alguno de los dos grandes bancos españoles, Santander o BBVA, y no tanto con La Caixa. No obstante, apuntó a que esa opción no llegó a platearse con Ángel Ron en la presidencia del Popular.
El expresidente del Popular, Ángel Ron, ha negado hoy cualquier tipo de irregularidad contable en el banco durante su gestión y ha acusado a su sucesor, Emilio Saracho, y al empresario mexicano Antonio Del Valle de hundir la entidad para llevarlo a una "tómbola" para venderlo. De hecho, según fuentes jurídicas, el exbanquero ha señalado ante el juez de la Audiencia Nacional que el propio Saracho le comunicó personalmente en alguna conversación que su intención era provocar una caída de las acciones para así poder ejecutar una operación corporativa.
Un informe pericial remitido a la Audiencia Nacional señala al expresidente del Popular, Emilio Saracho, y su equipo gestor de "negligencias", "errores" y "deficiencias" en la presentación de colaterales al Banco de España para solicitar liquidez y poder mantener la entidad en pie. Varios fondos bonistas del que fue el sexto banco del país, entre los que se encuentra Pimco, han aportado a la causa el informe elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic bajo el título Dictamen pericial sobre el Banco Popular Español. El documento hace un minucioso recorrido de la evolución de la entidad a raíz de la crisis económica y hasta su caída y concluye que había un déficit de provisiones persistente desde 2011 a 2016 causado por múltiples irregularidades contables.
Francisco Gómez, consejero delegado del Banco Popular entre 2013 y hasta septiembre de 2016, ha admitido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que fue un error que la entidad invirtiera en ladrillo. Gómez ha acudido a declarar en calidad de investigado por las presuntas cuentas falsas del banco en 2016.
Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional su dictamen pericial sobre Banco Popular, en el que calculan que la entidad resuelta en junio de 2017 debía de haber aflorado pérdidas de unos 960 millones de euros en 2008 y de entre 1.490 millones y 5.000 millones entre los ejercicios 2009 y 2016.
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha recurrido la sentencia que le obliga a devolver el importe que ya ha cobrado de su indemnización y le priva de su prejubilación, para lo que se dotaron 12,5 millones, al entender que la decisión de la juez se fundamentó en una junta general que nunca se celebró.
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