Los sistemas de vigilancia y control de BBVA fueron incapaces de detectar y denunciar los presuntos pagos ilícitos a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo que protagonizaron varias áreas sensibles del banco y distintos directivos entre un largo periodo temporal, al menos, desde 2004 a 2017. La entidad pagó a lo largo de trece años, al menos, 12,3 millones de euros al exinspector de policía, pero el expresidente del banco, Francisco González (FG), y máximo responsable de la vigilancia de lo que ocurría en la entidad, se enteró por la prensa, tal y como asegurado él mismo esta semana a través de un comunicado. FG mostró su confianza al "grupo BBVA", a "sus órganos de gobierno" y a "sus profesionales". Pero allí nadie supo nada ni denunció nada durante años, o al menos eso defiende el banco en la actualidad.

La agencia de calificación Moody's ha señalado en un informe que el caso que investiga la Audiencia Nacional por la contratación por parte de BBVA del excomisario José Manuel Villarejo para realizar presuntas labores de espionaje puede desembocar en un problema de solvencia para el banco. Moody's matiza que, aunque aún es demasiado pronto para calibrar las consecuencias de la trama, la entidad podría enfrentarse a una sanción económica por parte de los regulares, y también a una multa por parte de la Justicia, si finalmente, le achaca responsabilidad en el caso.

Liberbank sigue abierto a una fusión a pesar del fracaso de intento de integración con Unicaja. El consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, aseguró esta mañana durante la presentación de resultados del primer semestre ante los analistas que una consolidación es positiva para crear valor a los accionistas y generar sinergias que impulsen la reducción de costes.