Los sistemas de vigilancia y control de BBVA fueron incapaces de detectar y denunciar los presuntos pagos ilícitos a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo que protagonizaron varias áreas sensibles del banco y distintos directivos entre un largo periodo temporal, al menos, desde 2004 a 2017. La entidad pagó a lo largo de trece años, al menos, 12,3 millones de euros al exinspector de policía, pero el expresidente del banco, Francisco González (FG), y máximo responsable de la vigilancia de lo que ocurría en la entidad, se enteró por la prensa, tal y como asegurado él mismo esta semana a través de un comunicado. FG mostró su confianza al "grupo BBVA", a "sus órganos de gobierno" y a "sus profesionales". Pero allí nadie supo nada ni denunció nada durante años, o al menos eso defiende el banco en la actualidad.
De ser así, los cinco órganos de control del banco fallaron. Falló la vigilancia del consejo de administración, presidido por FG y formado por todos los consejeros; falló el área de Legal y Cumplimiento, encabezada por Eduardo Arbizu hasta diciembre; falló el área de Riesgo, comandada aún hoy por Rafael Salinas; falló el departamente auditoría interna, dirigido por José Luis de los Santos hasta diciembre; y falló el área de Supervisión, con Ricardo Gómez Barredo a la cabeza, también hasta diciembre.
Diciembre de 2018 marcó un punto y aparte en el banco. FG dejó la presidencia ejecutiva del banco y Carlos Torres le relevó en el cargo. La marcha de González, adelantada diez meses antes de lo inicialmente previsto, y siete meses después de que saltaran a la luz los primeros casos de espionaje, también supuso cambios para los cargos de confianza de FG.
El actual consejero delegado de BBVA, el turco Onur Genç, aseguró que tras el escándalo de espionaje el banco ha tomado medidas para reforzar el control interno y de la gobernanza de la entidad. Sin embargo el número dos de Carlos Torres no quiso explicar de qué medidas se trataban. Genç también se negó a responder si algunas de estas decisiones fueron el cese de Eduardo Arbizu como responsable de Control de la entidad o la salida de Antonio Béjar como presidente de Distristo Castellana Norte (DCN), empresa participada por el banco en un 75% y encargada del desarrollo urbanístico de 'Madrid Nuevo Norte'. Genç se limitó a decir el pasado miércoles, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco en el primer semestre, que no iba a hablar de personas concretas. Las palabras del consejero delegado solo demuestraron que el banco tenía la necesidad de reforzar la gobernanza interna y los sistemas de vigilancia, según Genç, como se ha hecho.
Papel del órgano rector
El consejo de administración, sus miembros, y especialmente su presidente debe velar por los intereses del banco, de sus depositantes y de sus accionistas, tal y como exigen los principios de gobierno corporativo marcados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este deber de diligencia y lealtad hacia la entidad incluye establecer unos valores corporativos que refuercen un comportamiento ético, legal y responsable. Pero además, el consejo debe denunciar las irregularidades que se detecten dentro de la entidad.
El consejo "debe desautorizar explícitamente actividades ilegales; delitos económicos, incluido el fraude, el incumplimiento de sanciones, blanqueo de dinero, prácticas anticompetitivas, soborno y corrupción o la violación de los derechos del consumidor", según marcan las recomendaciones del Comité de Basilea que, a día de hoy, está presidido por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
De momento, el único que ha detectado delitos, como el de corrupción en los negocios, ha sido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el pasado lunes comunicó la imputación del banco por cohecho -al pagar a un funcionario público como Villarejo, entonces comisario en activo-, descubrimiento y revelación de secretos -por los seguimientos y pinchazos telefónicos-, y corrupción en los negocios -ante la presunta evidencia de que algún directivo de BBVA recibió prevendas por faciliar la contratación entre el expolicía y la entidad-. Concretamente, según la Fiscalía Anticorrupción, "alguno" de los directivos imputados del banco recibió "dádivas" del entorno de las empresas del Villarejo.
Desde BBVA abogan por la presunción de inocencia, aunque también es deber de la gobernanza del banco la detección y denuncia de posibles delitos. De hecho, una de las obligaciones del consejo es vigilar a los integrantes de la alta dirección hasta el punto de responsabilizar a sus miembros de los posibles actos irregulares y enumerar sus consecuencias, incluida la destitución.
Las áreas de Riesgos, Cumplimiento, Auditoría Interna y Supervisión ayudan al consejo de administración a llevar a cabo su buena gobernanza. Según el Comité de Basilea, el departamento de Riesgos, como su nombre indica, debe velar para minimizar cualquier riesgo en la entidad. BBVA ya comunicó a los reguladores españoles y estadounidenses el pasado mes de mayo que el escándalo de espionaje puede suponer un riesgo para su patrimonio si, para asumir las responsabilidades que pueda derivarse de la causa judicial, debe realizar provisiones con las que responder a cualquier sanción.
Asimismo, por otro lado, el banco también ha reconocido un daño reputacional. De hecho, Onur Genç aseguró el pasado miércoles que no les gusta ver al grupo financiero todos los días abriendo las portadas de los periódicos. Por otro lado, la agencia de calificación Moody's ha señalado en un informe que la imputación del banco puede dañar la solvencia de la entidad en el futuro. Según el informe, las empresas que piden financiación a la entidad puede perder la confianza en la gobernanza del banco. Asimismo, Moody's apunta a que BBVA puede afrontar dos sanciones, una judicial y otra por parte de los reguladores, concretamente del Banco Central Europeo (BCE), si se detecta una gobernanza inadecuada.
Integridad como valor
El área de Cumplimiento, encabezada junto al departamente jurídico, por Eduardo Arbizu hasta diciembre de 2018, también juega un rol importante en el control y vigilancia del banco. Esta división es responsable, entre otros asuntos, de garantizar que el banco opera con integridad y en consonancia con las legislaciones, regulaciones y políticas del grupo financiero.
Los audios de Villarejo revelan las conversaciones que el excomisario mantuvo con el entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, en relación a los espionajes que le encargó el banco. Corrochano, en los diálogos que mantuvo con el expolicía en diciembre de 2009 por la investigación al constructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, aseguró al exinspector que el departamente jurídico estaba escandalizado por los informes que enviaba Villarejo sobre sus espionajes. El exjefe de Seguridad pidió al expolicía que suavizara sus expresiones porque si los documentos caían en manos de terceros podrían tener un problema, como finalmente ha sido el caso una década después. Corrochano destapó así que el equipo jurídico del banco estaba al corriente del caso.
De hecho, dos miembros del área de Legal, tuvieron un encuentro con el exinspector de policía en la sede del bufete Simmons & Simmons para encargarle los trabajos.
Por otro lado, el departamento de Auditoría Interna también tiene parte de responsabilidad en el control del banco. Este área estuvo dirigida por José Luis de los Santos desde 2002 hasta diciembre de 2018, cuando el banco informó escuetamente en un Hecho Relevante que "finaliza una exitosa carrera de más de tres décadas en la entidad".
Auditoría Interna es otra de las grandes patas de defensa del sistema del control interno de las entidades bancarias porque "proporciona un aseguramiento independiente al consejo de administración y a la alta dirección sobre la calidad y eficacia de los sistemas y procesos de control interno, gestión y gobierno de riesgos del banco, ayudando con ello al consejo y a la alta dirección a proteger su organización y reputación".
Finalmente, Gómez Barredo controlaba la contabilidad y supervisión del grupo y por tanto sus funciones eran vigilar los presupuestos y finanzas del banco. Los facturas que atesoraba Villarejo de los trabajos que realizó para BBVA durante más de una década señalan que recibió pagos millonarios.
Los directivos de los bancos tienen también la responsabilidad de vigilar lo que ocurre en las entidades, según el Comité de Basilea. No obstante, el máximo deber es del consejo de administración que, aunque delegue algunas de sus funciones, en ningún momento delega su responsabilidad.
Foco en los mecanismos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, trata de determinar ahora si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o, si por el contrario, hubo una ausencia de mecanismos de control y se toleraron "prácticas contrarias a la buena fe empresarial", según expuso en el auto de imputación de BBVA al que tuvo acceso Efe.
Según el juez, la cúpula no sólo tuvo conocimientos de la contratación del grupo Cenyt sino que además lo consintió por el beneficio personal y empresarial que le reportaban los trabajos del excomisario. Para García Castellón, el hecho de que los directivos de la entidad permitieran la contratación del excomisario para realizar labores de espionaje constituiría corrupción en los negocios. No obstante, investigará el papel de la cúpula para saber si BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si se trató de una presunta corrupción por parte de "alguno" de los directivos que, por el contrario, pudiera considerarse perjudicial para la sociedad.
Torres prescinde de directivos
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ya prescindió de algunos altos cargos del banco cuando asumió el poder del grupo financiero. El ejecutivo prescindió en diciembre de 2018 de dos de los hombres de confianza de su antecesor, Francisco González; José Luis de los Santos y Eduardo Arbizu.
De los Santos fue jefe de Auditoría Interna del banco desde enero de 2002 has el pasado mes de diciembre. El banco informó a la CNMV que el directivo dejaba su puesto después de tres décadas en el banco. Por su parte, Arbizu, fue jefe del departamento jurídico y de Cumplimiento, también hasta diciembre, cuando el banco creó para él el cargo de responsable de Control Interno. Finalmente, BBVA prescindió de él sin dar explicaciones a final de julio.
Ricardo Gómez ocupó la dirección de Supervisión del banco hasta finales del año pasado, cuando fue nombrado consejero de Garanti. En la actualidad está imputado en el Caso Villarejo. No obstante, Torres mantiene al responsable de Riesgos, Rafael Salinas.
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