Empresas y finanzas

BBVA encargó un tercer espionaje a Villarejo contra el constructor Fernando Martín

  • Quería averiguar si Martinsa ocultaba dinero en el extranjero tras su quiebra
  • El contrato se firmó a finales de 2009 y alcanzaba al menos 4 millones
En la imagen, Fernando Martín, antiguo dueño de la constructora Martinsa. Foto: Efe.

Tercera orden de espionaje de BBVA al excomisario de policía José Manuel Villarejo. Entre el presunto encargo que el banco pidió al exinspector en 2004 para evitar el asalto de Sacyr a la entidad y la investigación que le requirió en 2012 sobre la asociación de consumidores Ausbanc, hubo al menos un contrato más entre BBVA y Villarejo en noviembre de 2009.

El banco que entonces presidía Francisco González requirió los servicios del expolicía para presuntamente investigar al constructor Fernando Martín y a su círculo más íntimo como a su esposa, sus dos hijos y sus socios más cercanos. En esta ocasión, BBVA se sirvió del despacho de abogados Simmons & Simmons, que hizo de intermediario entre el banco y el comisario para firmar el contrato. No obstante, los papeles de Villarejo dejan claro que el cliente final es la entidad encabezada por González.

"El Departamento Jurídico del BBVA para España y Portugal tenía interés en averiguar fondos de Fernando Martín y/o Martinsa en cualquier parte del mundo"

"El Departamento Jurídico del BBVA para España y Portugal tenía interés en averiguar fondos de Fernando Martín y/o Martinsa en cualquier parte del mundo", reza un documento. El objetivo para el que la entidad contrató al excomisario era conocer si el constructor, que en julio de 2008 declaró el mayor concurso de acreedores de la historia de España con una deuda de 7.000 millones de euros, tenía dinero escondido en el extranjero, según publica Moncloa.com.

Tras la quiebra de Martinsa, BBVA se quedó con una deuda inicialmente cifrada en unos 125 millones, pero según expone Villarejo en sus informes, el banco finalmente la cifró entre 80 y 90 millones. Sin embargo, la entidad azul, en vez de acudir a los tribunales como hizo el resto de entidades, quiso saldar la deuda por su cuenta y para ello pidió al expolicía investigar tanto los bienes como las actividades ilegales de Fernando Martín para presionar al empresario.

El contrato establecía dos cuantías posibles. La opción A fijó un importe variable a determinar en función de los resultados de la investigación que se desarrollaría en una horquilla temporal de seis y nueve meses. La variable consistía en una provisión de fondos de 575.000 euros más una comisión del 12,5% del valor total de bienes o efectivo recuperado de la deuda del empresario. Así, el montante podría ascender a más de 10 millones.

La opción B estaba determinada en base a un coste fijo del proyecto, que tenía también la duración de entre seis y nueve meses, por el que el banco debía abonar 4 millones de euros, con una provisión de recursos inicial de un millón para que las empresas de Villarejo pudieran desarrollar su trabajo, y una cuota de medio millón en los cinco primeros días de cada mes en el primer semestre.

Ambas alternativas incluían las labores de inteligencia en el tiempo señalado, las vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos, además de los gastos de desplazamientos tanto fuera como dentro de España, las facturas sobre consultas de archivos y registros y los pagos a los informadores y colaboradores por un máximo de 250.000 euros. Eso sí, en la opción del importe variable se incorporó una cláusula por la que Villarejo podía incrementar los gastos en un 10%-15% por imprevistos previa autorización de BBVA.

Vísperas de la junta

Con este tercer contrato, que se conoce en vísperas de la junta de accionistas de la entidad que se celebrará el próximo viernes, la suma desembolsada por ésta al exinspector asciende ya a un mínimo de 9,5 millones de euros entre 2004 y 2012. De un lado, BBVA pagó al menos 500.000 euros para que presuntamente espiara a Sacyr entre finales de 2004 y principios de 2005.

Este trabajo llevó al excomisario a pinchar llamadas de miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero como la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o el entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián. En 2012, el banco dio otros 5 millones de euros a las firmas del excomisario para que espiara a Ausbanc.

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