Sin rastro de actas del Consejo Interterritorial

Antes de la pandemia, pocos sabían de la existencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ahora, en cambio, la ciudadanía está pendientes del órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las autonomías y los propios del Estado. A pesar de ello, dicen que la “opacidad” que existe sobre sus reuniones es “total”. Tanto es así que la última Memoria del Ministerio de Sanidad en la que se detallaba el orden del día y las actas de las convocatorias del Consejo está fechada en 2018, durante la etapa de Carmen Montón al frente del departamento. Tras ella, llegó el silencio. Comentan que ni María Luisa Carcedo, ni Salvador Illa ni Carolina Darias han retomado las publicaciones de un organismo vital en la gestión de la pandemia. Las críticas por los tres años que han pasado sin tener constancia de lo discutido en el Consejo empiezan a surgir. La última proviene incluso del propio Consejo de Transparencia cuyos responsables consideran que deben volver a publicarse esos documentos.

Sin datos del "ejército" de asesores de Montero

El elevado número de asesores con los que cuenta Irene Montero siempre ha sido objeto de polémica. Algo lógico si se tiene en cuenta que la ministra de Igualdad está rodeada de 17 altos cargos, una cifra que supera la de otros quince Ministerios, incluyendo algunos de la importancia de Defensa o Interior. Se comenta, además, que en la oposición no sólo siguen sorprendidos por el gran número de colaboradores que Igualdad acumula. Aseguran que no consiguen datos actualizados y completos sobre las labores de cada uno de ellos. “Muchas veces se le ha preguntado a Montero sobre las funciones de su personal de confianza y siempre ha eludido contestar”, dicen en varios partidos. El último ejemplo de ello estuvo en una respuesta por escrito en el Congreso ante preguntas de Vox. En el texto se leía simplemente: “Las funciones no pueden ser especificadas, al ser tareas de asesoramiento en diversas materias propias del departamento”. Como es previsible las respuestas evasivas no satisfacen a la oposición que, dicen, seguirá intentando que Montero “ofrezca datos sobre su ejército de asesores”. Con todo, las mismas fuentes indican que “no confían” en recibir unas aclaraciones reales por parte de Igualdad.

¿Rebelión en el Instituto Catalán de Finanzas?

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, aseguró el miércoles que los propios funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) le pidieron que recurriera a este organismo para avalar las fianzas de los políticos catalanes investigados por el 9-N. De hecho, Giró fue más allá , al añadir en el Parlament que esas llamadas que recibió de los empleados públicos del ICF lo convencieron para utilizar el Instituto como respaldo financiero a pesar de que con ello pone en riesgo a los propios empleados, que podrían ser acusados de malversación. Pues bien, se rumorea que en “parte de la plantilla” existe un gran temor ante las consecuencias jurídicas que esta acción puede tener para ellos. Máxime si se tiene en cuenta que los estatutos del ICF son claros en su prohibición de prestar dinero a particulares. Se dice también que ese temor latente que existe en este organismo, por mucho que Giró “venda” lo contrario, ha hecho que algunos funcionarios se estén planteando dirigir un escrito a su presidente, Albert Castellanos, quejándose por haber sido utilizados con “fines políticos” sin tener en cuenta el riesgo que eso podía suponer. “Hay miedo y nervios”, insisten desde el ICF.

¿Otra oportunidad para Alberto Garzón?

El último Consejo de Ministros reforzó las competencias del Ministerio de Consumo. En concreto, esta última institución tendrá capacidad para sancionar a las empresas que sean culpables de fraudes masivos, capaces de afectar a un gran número de consumidores. Se rumorea que Pedro Sánchez ha tomado esta decisión con el objetivo de que el Ministerio gane más peso mediático y mejore su imagen pública, que está bastante deteriorada por los repetidos comentarios fuera de lugar del ministro Alberto Garzón y las críticas a su falta de actividad. Es más, desde el entorno de Moncloa se comenta que el presidente plantea este paso como “una nueva oportunidad que brinda a Garzón para que mejore”. Pero, dicen, que “vigilará de cerca si está a la altura”. En paralelo, fuentes empresariales añaden que muchos sectores son ya conscientes de las nuevas funciones que tendrá el Ministerio de Consumo, lo que está generando cierta inquietud. “Brindarle más competencias a Garzón dará lugar a nuevas polémicas que el ministro buscará para acaparar titulares”, aseguran.

El espionaje de Colau irrita a los alcaldes

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dedicará 9.000 euros a “espiar” a los ediles de los 35 municipios más Barcelona, que forman esta institución supramunicipal que preside Ada Colau. El nombre del programa bajo el que se realizará esta actividad, Con quién se reúnen los alcaldes metropolitanos, no da lugar a dudas sobre su fin último. Es cierto que la AMB justifica la implantación de esta actividad en aras de la transparencia. Pero, como cabía esperar, el exhaustivo control que la institución liderada por Colau quiere realizar de las agendas de los municipios ha irritado a varios alcaldes. “Una cosa es ser transparente y otra sentirnos intervenidos y hasta espiados”, comentan en una corporación local perteneciente a la AMB. Otros ediles también han aprovechado esta iniciativa de la institución para recordar que la propia AMB no es un ejemplo de transparencia. “Muchos municipios no han firmado el código ético y casi la mitad incumple los criterios de buen gobierno. No se entiende por qué ahora se quiera vender transparencia fiscalizando la actividad de los alcaldes cuando se trata de un aspecto que hasta ahora no importaba a Colau”, añaden esas mismas fuentes.

Críticas a la “tranquilidad” de Manuel Castells

Recientemente, el ministro de Universidades Manuel Castells se mostró en público satisfecho del desarrollo del curso universitario 2020-2021, a pesar de la pandemia. Pero también hacía una llamada a la cautela al respecto del próximo año académico. En concreto, el ministro dijo que “hay que tener mucho cuidado, no hacer como si el virus se hubiera ido, el virus no se ha ido”. A pesar de ello, el ministro ha decidido demorar la reunión de expertos y la toma de decisiones, para definir las medidas anti-Covid de cara al próximo curso universitario, hasta finales de agosto. Fuentes relacionadas con la educación superior avisan de que esa demora es muy peligrosa. “Dejará muy poco margen para aplicar los protocolos que tengan que regir en el arranque de las clases”, dicen desde una facultad. Las mismas fuentes no se explican “la tranquilidad del ministro ahora que se ha demostrado la alta incidencia que el virus tiene entre los jóvenes”. Por lo visto, el Ministerio ya es conocedor de estas quejas, pero se escudan en las continuas variaciones de las tasas de contagios para mantener la fecha de la reunión a finales de agosto. “Esto cambia cada minuto”, dicen que fue la frase de Castells cuando se le trasladó la inquietud en el ámbito universitario.

Lo que más molesta a los hosteleros catalanes

La creación del fondo de 10 millones por parte de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés ha indignado a buena parte del empresariado catalán. Con razón, las empresas se quejan ante el consejero de Economía, Jaume Giró, de que "el Govern se preocupa de crear esa caja común con dinero proveniente de los presupuestos de varias consejerías mientras las empresas siguen sin recibir ayudas", dice un empresario catalán. Por lo que se comenta son los hosteleros y comerciantes catalanes los más críticos con esta maniobra del Govern, ya que llevan tres meses esperando las ayudas por los cierres y limitaciones de las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. "Ahora con la quinta ola ya se están tomando nuevas restricciones que seguirán impactando en nuestro negocio mientras seguimos a la espera de las prometidas ayudas que nunca llegan", dicen en el sector hostelero. En la Generalitat aseguran que las empresas empezarán a recibir el dinero de las ayudas a finales de este mes de julio. A pesar de ello, en el ámbito de la restauración siguen sin creerse que eso vaya a ocurrir. "El Govern lleva mucho tiempo dejando claro que su único interés es el procés. Lo que le pase al tejido productivo de Cataluña le da bastante igual", dicen un empresario.

La inacabable fase de pruebas de Radar Covid

Ni siquiera el Ministerio de Sanidad defiende ya la aplicación Radar Covid. De hecho, fuentes del entorno de la ministra Carolina Darias aseguran que “la herramienta es un completo fracaso”, tanto por su escasa penetración entre la población como por los pocos casos que es capaz de rastrear. En concreto, hablan de que menos del 20% de la población se ha descargado una herramienta que solo detecta el 2% de los contagios. No obstante lo peor es que las cifras no tienen visos de mejora alguna debido a que Radar Covid sigue en fase de pruebas en varias comunidades autónomas pasados más de diez meses desde su lanzamiento. “Hay siete regiones que no han firmado el convenio para comenzar a utilizar la aplicación en su territorio”, aseguran en el Ministerio de Sanidad. País Vasco, Navarra, Canarias, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Cantabria son las autonomías en las que aún no está operativa la aplicación. Por lo que se dice la falta de entendimiento que ha habido con los gobiernos autonómicos es lo que ha impedido a Radar Covid superar una fase de pruebas que algunos ya califican de “inacabable”. “Como se acumule más retraso, la herramienta empezará a ser útil cuando ya haya pasado la pandemia del coronavirus”, bromean en círculos políticos.

Problemas para rastrear contagiados en Cataluña

A pesar de los flagrantes errores cometidos a lo largo de la pandemia del Covid, la Generalitat se ha enorgullecido en más de una ocasión de la red de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Salud de Cataluña. Pues bien, se comenta que en estos momentos, el consejero Josep Maria Argimon carece de argumentos para sacar pecho. De hecho, fuentes sindicales desvelan que el equipo de rastreo del coronavirus está colapsado. “La avalancha de casos lo ha desbordado, hasta el punto de que se limita el seguimiento solo a los casos en los que haya personas mayores implicadas”, dicen los sindicatos. No obstante, lo más grave de todo es que dicen que la propia Consejería de Sanidad tiene parte de culpa en el colapso de la red de seguimiento. “Obligaron a coger vacaciones al 30% de los encuestadores cuando la quinta ola de contagios empezaba a despuntar”, desvelan fuentes sindicales. Ante esta situación, el equipo de Argimon ha contratado a más personas lo que, de momento, no impide que la red siga desbordada, ya que están en periodo de formación.