El 'Govern', sin respuesta unida a la crisis de Nissan

El próximo cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona ha vuelto a dejar clara la nula coordinación que existe entre algunos integrantes del Govern. Sirva para demostrarlo las últimas declaraciones públicas de la consejera de Empresa, Angels Chacón, y las del presidente de la Generalitat Quim Torra respecto a esta crisis. Chacón está convencida de que la fábrica es irrecuperable (piensa lo mismo desde su fracasado viaje a Japón en otoño de 2019) y que hay que trabajar en captar sustitutos para el hueco que deja Nissan en la Zona Franca. Por contra, Torra es más optimista e insiste en que luchará por convencer a la marca japonesa de que cambie de parecer. Pues bien, se rumorea que, detrás de las cámaras y de los micrófonos, la situación es la misma y tampoco hay coordinación ni comunicación entre ambos políticos sobre la hoja de ruta que deben trazar respecto al problema de la Zona Franca. No obstante, las fuentes comentan que “lo peor” es que esta falta de entendimiento interno es una constante en el Gobierno de Torra que pasa factura.  

El gran ausente de la crisis de Nissan

Durante toda la crisis generada tras el anuncio de cierre de la factoría de Nissan en Barcelona ha sorprendido la ausencia de la primera línea política de Miquel Iceta. Tanto es así que cuentan que el perfil bajo que ahora muestra el secretario general del PSC ha chocado también en su propio partido. Máxime tras comprobarse como fue la número dos de la formación y portavoz en el Parlament, Eva Granados, la que se encargó de acudir a la planta de Nissan y solidarizarse con los trabajadores. En el PSCse comenta que Iceta ha preferido alejarse de las polémicas y no caer en el error de “criticar por criticar” al Govern. No obstante, en el partido también circula el rumor de que el perfil bajo de Iceta anticipa un posible relevo al frente de los socialistas catalanes. En este sentido, se comenta que el ministro de Sanidad Salvador Illa empieza ya a sonar como el futuro líder del PSC. “Ya ha mostrado su predisposición a salir del Ejecutivo en cuanto se resuelva la pandemia. No nos extrañaría verle pronto al frente del partido”, dicen entre los socialistas catalanes.   

El gasto de Colau en asesores sigue al alza

Ada Colau se ha rodeado de un grupo de asesores directos a los que ya se les empieza a conocer como los 12 apóstoles de Colau. El último en llegar ha sido Ignacio Padilla, antiguo director creativo del Ayuntamiento de Madrid en la etapa de la alcaldesa Manuela Carmena, que Colau ha rescatado para realizar la misma función en el consistorio barcelones. Pues bien, cuentan que este fichaje ha sido la gota que ha colmado el vaso respecto al despilfarro que la alcaldesa de Barcelona muestra. Así lo indican desde la oposición que no se explica como Colau se atreve en plena crisis a aumentar el gasto en asesores. En concreto, el coste de mantener a los 12 apóstoles de Colau asciende los 730.000 euros. “Se trata de una cifra astronómica”, dicen desde un partido de la oposición. “Más aún si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento presenta un agujero de más de 300 millones en su presupuesto”, añaden. A la vista está que esos problemas no le impiden a Colau contar con un séquito de asesores sin parangón en el resto de España, a los que, además, paga con generosidad. Sirva de ejemplo que el último fichaje, Ignacio Padilla, recibirá más de 68.000 euros al año. Un cifra alta, pero aún lejos de la que percibe Álex Masllorenç, el asesor estrella de Colau con un salario de más de 87.000 euros por ser director de Alcaldía del Ayuntamiento.    

Iglesias y Montero copan la publicidad institucional

En Moncloa se comenta que existe malestar en la parte morada del Ejecutivo. En concreto, entre Manuel Castells, Alberto Garzón y Yolanda Díaz con Pablo Iglesias e Irene Montero. El motivo del enfado viene por el reparto del gasto publicitario de los Ministerios. Por lo visto, de los más de 11 millones que los ministros de Podemos tienen asignados para promocionar sus acciones, los departamentos de Iglesias y Montero controlan casi el 90%, lo que deja a los otros tres Ministerios con menos opciones de dar a conocer sus medidas. Se dice además que Yolanda Díaz es la que está más molesta con este singular reparto. Por lo que se comenta, no entiende cómo a su departamento que está en primera línea, a raíz de la pandemia, le escatiman recursos, mientras que Igualdad puede "disponer de una mayor partida aunque su cometido sea mucho más limitado", aseguran desde el entorno de la titular de Trabajo. Se cuenta también que Iglesias y Montero "apenas mostraron disposición a hacer un reparto más equitativo de los fondos o a consultar a los interesados".

El gesto que Sánchez quiere ofrecer a Bruselas

Se está comentando en Moncloa que el presidente Pedro Sánchez podría llevar a cabo una remodelación de su Gobierno después del verano. El motivo sería el de volver a ganarse la confianza de Europa en un momento en el que España necesita que nuestro hermano comunitario nos saque del agujero de la crisis económica. Cuentan que Sánchez es consciente de que su imagen está desgastada en Bruselas y que necesita dar un giro a su gestión para recuperar su credibilidad perdida. Con el objetivo de recortar gastos, fuentes cercanas del Ejecutivo cuentan que el presidente se plantea la posibilidad de prescindir de algunas carteras para contentar a Bruselas. Por lo que se comenta, existen dos ministros en una posición más débil y que son los que tendrían más "papeletas" para salir del Gobierno si Sánchez finalmente remodela su Gabinete. Según dicen las fuentes, y a falta de cómo acabe el conflicto abierto entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la Guardia Civil, los candidatos son: Alberto Garzón, de Consumo y Manuel Castells, de Universidades. Es cierto que ambos son de Podemos y que, según cuentan, la pasada semana hubo una reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias para reforzar el Gobierno de coalición. Pero muchos en el entorno del Ejecutivo "no descartan nada y creen que no hay prácticamente nadie en el Gobierno que tenga el puesto asegurado".

Los nuevos ataques a jueces que Sánchez teme

El enfrentamiento entrePodemos y la Justicia viene de lejos. Sirva como ejemplo las críticas que el vicepresidente Pablo Iglesias lanzó contra los jueces tras la sentencia del procés, nada más formarse el Gobierno de coalición. Recientemente el conflicto entre ambas partes surgió a raíz de la condena contra la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, por agresión a la autoridad. Entonces Iglesias y otros ministros de Podemos cargaron duramente contra los tribunales, poniendo en serios problemas al Ejecutivo. Pues bien, cuentan que el presidente Pedro Sánchez se teme que estalle de nuevo el conflicto ante la posibilidad de que Iglesias sea imputado en el caso Villarejo. Por lo que se comenta desde Moncloa, el presidente no quiere que ese hecho pueda dar pie a que los miembros de Podemos en el Ejecutivo vuelvan a las andadas y arremetan de nuevo contra la Justicia. De ahí que, según cuentan, Sánchez se ha puesto en contacto con todos ellos, incluido el propio Iglesias, para exigirles que permanezcan callados y acaten cualquier decisión “sin rechistar”. Se comenta también que el presidente Sánchez ha hecho especial hincapié en la ministra de Igualdad Irene Montero. Por lo visto, “no se fía demasiado de ella”, por lo que le ha exigido en más de una ocasión que sea “comedida en sus declaraciones”.  

¿Presión para atrasar la desescalada en Madrid?

Es bien conocida la polémica que surgió entre el Gobierno e Isabel Díaz Ayuso por la demora con la que la Comunidad de Madrid avanzó a la fase 1 de la desescalada. Pues bien, se rumorea que hay presidentes regionales (algunos del PSOE) que tienen miedo a que haya desplazamientos masivos desde la capital de España y que, a espaldas de Díaz Ayuso, presionan al Ejecutivo para que Madrid vaya más lenta en el proceso de desconfinamiento. Por lo que se comenta son los territorios más cercanos a la capital los que defienden que la movilidad siga restringida ante el temor a que haya una avalancha de desplazamiento de madrileños hacia sus segundas residencias. Desde el entorno del Gobierno se dice también que este miedo que existe no se refiere solo a Madrid. De hecho se comenta que algo similar ocurre con Barcelona capital. Parece que barones regionales también han elevado su presión hasta Moncloa ante el riesgo que implica un desplazamiento masivo de barceloneses hacía territorios limítrofes, como Aragón o Valencia.     

Desprestigio de España ante la Unión Europea

Los representantes españoles ante la UE están preocupados por la cada vez menor confianza que nuestro país despierta en Bruselas. Cuentan que toda la polémica surgida a raíz de la reforma laboral ha deteriorado aún más la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez. Se da por seguro que la Comisión “ha tomado nota de la polémica” que supuso el pacto del PSOE y Podemos con Bildu para derogar “íntegramente” una norma que siempre ha sido alabada a escala comunitaria. “Aunque en público se haya dicho poco, es seguro que el acuerdo sentó mal en la Comisión Europea”, dice un europarlamentario español, que cita específicamente al equipo del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, como uno de esos responsables de la UE que “ha tomado nota” de todo. Las mismas fuentes añaden que este deterioro de la confianza en el Gobierno llega, además, en muy mal momento, ya que esta semana es cuando la UE decide la cantidad de ayudas previstas para paliar la crisis y las condiciones para acceder a las mismas. “Europa nos lleva advirtiendo desde hace tiempo de desequilibrios y de la necesidad de acometer reformas. Es obvio que ignorar todas sus recomendaciones también nos perjudicará a la hora de acceder a las ayudas”, dicen desde Bruselas.  

Los intentos de Illa de dejar el cargo

La pandemia del Covid-19 ha convertido a Salvador Illa en el ministro estrella del Gobierno de coalición y le ha otorgado un protagonismo que, sin duda, no era deseado por el propio titular de Sanidad. Sirva para demostrarlo que, según se comentó en su día, su nombramiento respondía a la necesidad de que el PSC tuviera presencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además Miquel Iceta, su valedor, quería que Illa fuera pieza fundamental en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Quim Torra. De ahí que, según cuentan desde Moncloa, “su falta de experiencia previa en gestión sanitaria ha hecho que todo esto le haya venido muy grande y le haya desbordado”, hasta el punto de “poner su cargo a disposición del presidente Sánchez en más de una ocasión”. Las mismas fuentes añaden que, de nuevo, ha sido el secretario general de los socialistas catalanes el que ha convencido a Illa para que aguantara y siguiera en el cargo. No obstante, en el entorno del Ejecutivo se considera complicado que el ministro de Sanidad se mantenga mucho tiempo . “Es probable que cuando la pandemia del coronavirus esté controlada, su petición sea aceptada”, dicen en su entorno.   

El malestar que surge en el Sepe con Díaz

El malestar entre los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) es máximo. Se consideran víctimas de las protestas (caceroladas incluidas) cada vez más mayoritarias de la población y creen que no se merecen ser el blanco de las mismas. Según cuentan los funcionarios del Sepe entienden que todos aquellos que no han cobrado aún los Ertes estén molestos. Pero consideran que ellos no son los culpables de los retrasos y, sin embargo, son los que están sufriendo las iras de las personas, “con agresiones verbales incluidas”. Estiman que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, actuó con irresponsabilidad al levantar falsas expectativas asegurando incluso “que no había retrasos” y “que los problemas ya estaban resueltos”, cuando la realidad era muy diferente. “De repente, el volumen de trabajo se multiplicó por 10 y aunque lo hagamos lo más rápido que podemos, no llegan los recursos, falta liquidez, para dar salida en su tiempo a todos los expedientes”, dicen desde una oficina de Empleo. Las mismas fuentes indican que están pagando la “frustración” de las más de 900.000 personas afectadas por los Ertes que aún no han recibido la prestación. Por lo que se dice, la ministra es consciente del malestar que existe en el Sepe. No obstante, los funcionarios no esperan “que rectifique su tono”.