El 13 de junio se cumplieron dos años desde que las grandes empresas deben incorporar un canal interno de denuncias conforme a la Ley de Protección al Informante. Desde el 1 diciembre de 2023, la obligación se extendió también a las pymes de más de 50 trabajadores. Sin embargo, todavía hoy, los datos reflejan que aún queda camino por recorrer. Un informe de Adecco señala que un 42% de los empleados considera que su empresa no cuenta con mecanismos adecuados para comunicar problemas internos, mientras que un estudio de Personio revela que un 35% de las empresas en España todavía no ha implementado este sistema.