Madrid
El 13 de junio se cumplieron dos años desde que las grandes empresas deben incorporar un canal interno de denuncias conforme a la Ley de Protección al Informante. Desde el 1 diciembre de 2023, la obligación se extendió también a las pymes de más de 50 trabajadores. Sin embargo, todavía hoy, los datos reflejan que aún queda camino por recorrer. Un informe de Adecco señala que un 42% de los empleados considera que su empresa no cuenta con mecanismos adecuados para comunicar problemas internos, mientras que un estudio de Personio revela que un 35% de las empresas en España todavía no ha implementado este sistema.
No se trata ya de desconocimiento —aunque aún existen casos—, ni exclusivamente de falta de recursos. Lo que se observa es una especie de pausa prolongada, una espera expectante. Muchas empresas saben que tienen que hacerlo, han leído sobre los requisitos, han explorado soluciones... pero no terminan de activar el proceso. ¿Por qué? La respuesta parece estar en una combinación de factores: la fatiga normativa, la gestión de prioridades a corto plazo, la percepción de baja urgencia ante la escasa supervisión inicial, y la creencia extendida de que "mientras no pase nada, no hay problema". Es un patrón clásico en el cumplimiento normativo. Hasta que no hay una consecuencia directa, el riesgo se minimiza. Pero el tiempo de margen se está agotando, y no solo porque ya existe una Autoridad Independiente de Protección del Informante con capacidad sancionadora. También porque el entorno ha cambiado.
Hoy, no tener un canal de denuncias deja de ser simplemente una omisión legal para convertirse en una vulnerabilidad organizativa. Si una empresa no dispone de este mecanismo, ¿qué margen tiene para detectar a tiempo una mala práctica interna? ¿Cómo espera gestionar un conflicto laboral relacionado con acoso o fraude sin contar con un procedimiento seguro, confidencial y trazable? En un contexto de creciente escrutinio social y sensibilidad reputacional, la ausencia de un canal no es solo un riesgo de multa: es un vacío de control. De hecho, muchos fondos de inversión ya valoran si las empresas disponen de canales internos de denuncia como parte de sus criterios ESG. Contar con esta herramienta transmite un mensaje claro: la organización se preocupa por actuar con ética, escucha a sus equipos y toma en serio su responsabilidad corporativa.
A menudo se subestima el coste silencioso de no tener un canal: la falta de confianza interna, el deterioro de la cultura organizativa, la fuga de talento que no encuentra espacios seguros para expresarse. Por el contrario, las empresas que ya lo han implantado empiezan a notar sus efectos positivos: una mayor conciencia ética, prevención temprana de conflictos y, sobre todo, una señal clara de que se apuesta por la transparencia. Externalizar la solución —especialmente en el caso de pymes— se ha convertido en la vía más efectiva. No por una cuestión de moda o conveniencia técnica, sino porque garantiza independencia, eficiencia y cumplimiento normativo sin desbordar estructuras internas. No se trata de añadir burocracia, sino de profesionalizar un proceso que requiere sensibilidad, experiencia y rigor legal.
En lugar de considerar el canal de denuncias como un coste o una obligación más, tal vez sea el momento de mirarlo desde otro ángulo: como una oportunidad para cerrar una brecha que hoy existe en muchas organizaciones entre lo que se predica y lo que se practica. Si se habla de cultura ética, de sostenibilidad, de respeto y de equidad, el canal no es solo coherente, sino también necesario. La situación actual —con empresas que aún dudan, y otras que han optado por una implementación superficial— revela algo más profundo: todavía estamos en una fase de maduración del cumplimiento ético en España. La normativa ha venido a acelerar ese proceso, pero no lo garantiza. Lo que marcará la diferencia será cómo se decide dar ese paso, si por miedo a la sanción o por convicción.
Implantar un canal de denuncias con garantías es, hoy, una forma directa de reducir riesgos, proteger activos intangibles como la confianza interna y externa, y prepararse para un futuro donde la integridad ya no es un valor deseable, sino un criterio mínimo para operar. Para quienes aún no han implementado el canal, el mensaje no debe ser de alarma, sino de oportunidad. Las empresas que lo entiendan estarán mejor preparadas para lo que viene.