El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un nuevo Decreto-Ley para aplicar la liberalización de la estiba que exige Europa a España. Se trata, tal y como informó el pasado lunes elEconomista, de un nuevo texto elaborado por los socialistas, que complementa lo aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017 para tratar de cumplir con el mandato de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El sector de las VTC de Valencia ha advertido que reclamará a la Generalidad hasta 166 millones de euros en indemnizaciones por aprobar un decreto ley que "expulsa de facto" a las plataformas de Uber y Cabify. Y es que, según denuncia Unauto, las medidas que incluye el texto hacen inviable su actividad por lo que, previsblemente, harán lo mismo que en Cataluña y dejarán la región (Uber) o cambiaran su forma de actuar, como en el caso de Cabify, que solo opera con las licencias de su propiedad (unas 300), lo que deja fuera del mercado a miles de ellas.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un nuevo Decreto-Ley para aplicar la liberalización de la estiba que exige Europa a España. Se trata, tal y como informó el pasado lunes elEconomista, de un nuevo texto elaborado por los socialistas que complementa lo aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017 para tratar de cumplir con el mandato de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicho organismo condenó al Sistema Portuario Español por obligar a las empresas a formar parte de sociedades de estiba y a contratar exclusivamente a los trabajadores de las mismas para poder operar en los puertos.

Dos millones y medio de metros cuadrados al norte de Burriana y otros dos entre Torreblanca y Alcossebre. Es la superficie que abarcan dos megaproyectos cuya urbanización en bloque ha sido reactivada por los propietarios de los terrenos y con el visto bueno de las respectivas administraciones locales. Se trata de dos iniciativas diseñadas en los tiempos del boom inmobiliario que despiertan ahora de su letargo. ¿Los motivos? Tres circunstancias concretas: la reactivación del negocio del ladrillo, los derechos adquiridos por los propietarios del suelo y la fecha límite introducida por la Generalitat para desarrollar los PAI tramitados en la costa valenciana.