El sector de las VTC de Valencia ha advertido que reclamará a la Generalidad hasta 166 millones de euros en indemnizaciones por aprobar un decreto ley que "expulsa de facto" a las plataformas de Uber y Cabify. Y es que, según denuncia Unauto, las medidas que incluye el texto hacen inviable su actividad por lo que, previsblemente, harán lo mismo que en Cataluña y dejarán la región (Uber) o cambiaran su forma de actuar, como en el caso de Cabify, que solo opera con las licencias de su propiedad (unas 300), lo que deja fuera del mercado a miles de ellas.
"La expulsión de las VTC de la Comunidad Valenciana supone la destrucción de más de 500 puestos de trabajo, además de los cientos previstos para los próximos meses, así como indemnizaciones de 166 millones de euros a los titulares de las autorizaciones VTC. La normativa podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución, de Libertad de Empresa,", denuncia la patronal de las VTC. En este sentido, Ricardo González, presidente de Unauto Valencia, manifestó que "la presión del taxi ha vuelto a funcionar y, siguiendo el ejemplo catalán, el Govern ha regulado en contra de la creación de empleo y de la libertad de elección del ciudadano".
Pese a las advertencias de Unauto, Uber y Cabify todavía están a la espera de que se publique el decreto aprobado el viernes para tomar una decisión y averiguar a qué responde el periodo de gracias de dos meses que incliye el texto.
¿Que incluye el decreto?
El Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley de regulación del alquiler de vehículos con conductor (VTC) que impone un periodo de precontratación mínimo de 15 minutos y prohibe a los coches aparcar en superficie y estar geolocalizados.
En este punto, la consellera de vivienda y obras públicas, María José Salvador Rubert, ha explicado que cada ayuntamiento tendrá la libertad para imponer el periodo de precontratación que consideren siempre y cuando se respete el mínimo de 15 minutos aprobado para todo el territorio. Es decir, no establece un tope por parte de la Comunidad por lo que podría llegar hasta 24 horas o varios días. "Valencia no tiene las mismas necesidades que Benidorm por lo que cada consistorio podrá poner el tiempo que considere, sin topes", explican fuentes de la consellería.
El periodo de precontratación tiene una excepción en caso de emergencias, urgencias y asistencia en carretera, que se podrá solicitar sin previo aviso.
La normativa también prohibe expresamente a este tipo de vehículo circular en vacío por las calles de la ciudad y aparcar en superficie por lo que o bien se meten en un parking público subterráneo o vuelven a la base. Tampoco tienen permitido estar cerca de lugares de concentración de personas y generación de demanda, como hospitales, puertos, aeropuertos, estaciones de tren o autobús, centros comerciales, hoteles, paradas de taxis... La Generalidad asegura que esta medida busca impedir la captación de clientela, un objetivo que también les ha llevado a prohibir que los vehículos de VTC puedan estar geolocalizados en las aplicaciones que usar los clientes.
