El futuro de las VTC en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) depende del color político de sus gobiernos. Si al frente de la región están partidos con tintes independentistas o de izquierdas, el sector, tal y como se conoce hoy en día, tiene las horas contadas, mientras que si el Ejecutivo está manos del PP o Ciudadanos, Uber y Cabify pueden estar tranquilas. No en vano, la consigna de los populares es "no exterminar sectores", "impulsar la competitividad del taxi" y devolver al tejado de Fomento la regulación. Así, la decisión del ministro José Luis Ábalos de derivar a las CCAA el conflicto está dando lugar a un mosaico de regulaciones más vinculadas a intereses políticos y a la dependencia del apoyo de Podemos, que a "las condiciones de movilidad sostenible y las necesidades de los ciudadanos" de cada región.
Por ejemplo, en Valencia, donde el PSOE gobierna gracias al apoyo de Podemos y Compromis, la Generalidad ha decidido seguir los pasos del Govern catalán y fijar la precontratación temporal de 15 minutos, una estela que también han seguido comunidades como Baleares, donde también gobierna el PSOE con Podemos, o País Vasco (PNV) pero que no tiene visos de hacerse realidad en otras como Andalucía, Aragón o Galicia, todas del PP.
A la espera de que concluya la tramitación del Real Decreto Ley 13/2018 con el que el Congreso cedió a las CCAA las competencias para regular a las VTC y de ver si la enmienda promovida por los taxistas para que los 15 minutos de precontratación sean obligatorios en todo el país, algo que no parece que vaya a suceder, realizamos un repaso de como está quedando el reino de taifas de la regulación.
Cataluña ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar una ley para restringir la actividad de las VTC. La presión del sector de taxi, apoyado públicamente por Podemos, y del consistorio de Ada Colau, forzó al Govern a aprobar un periodo de espera de 15 minutos entre la solicitud de un servicio de Uber y Cabify y la prestación efectiva del mismo. La decisión ha tenido tres consecuencias: la salida de las plataformas de la Ciudad Condal, el anuncio del ERE más grande de Cataluña y el impulso de medidas para modernizar el taxi y aumentar su disponibilidad. Así, con Uber y Cabify fuera del mercado, el Imet ha abierto la puerta a que los taxis ofrezcan un precio cerrado para los viajes que se contraten por aplicación y ha aprobado que puedan circular los fines de semana, aunque tengan fijado el sábado o el domingo como día de descanso obligatorio en su licencia. El Imet atribuye la medida a la voluntad de "adecuar la oferta a la demanda de taxis".
Más competencia
Madrid es la otra cara de la moneda. El Gobierno de Ángel Garrido se ha negado a aprobar una regulación para las VTC y a fijar una precontratación temporal para las mismas, tal y como exigen los taxistas. Así, en vez de limitar la actividad de los coches de Uber y Cabify en los tráficos urbanos, el Ejecutivo ha sacado del cajón el proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento de los servicios del taxi. El texto permitirá a los taxistas ofrecer trayectos con precios cerrados y carreras compartidas. Además, incluye un plan de amortización de licencias para blindar la rentabilidad del sector, suprime la condición de no tener antecedentes penales para ejercer la profesión y abre la puerta a un mismo titular tenga más de tres licencias. El gremio recibió el viernes el texto definitivo y pese a que llevaban meses negociándolo con la Comunidad, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, lo ha criticado asegurando que la solución del conflicto con las VTC "no pasa por liberalizar al taxi".
Barreras de entrada
Pese a que en el País Vasco, donde no operan ni Uber ni Cabify y a que el ratio entre las VTC y el taxi es de 1 a 43, el Gobierno regional ha reforzado las barreras de entrada a cualquier competencia para el taxi. Así, las bases sobre la nueva regulación del sector de las VTC recoge que las licencias están vinculadas a un coche y no a un conductor y se obliga que el coche quede afecto a ese servicio durante al menos cinco años y se fija una hora de precontratación. A su vez, se les prohibe circular por vía pública y aparcar en la calle si no están contratados.
Difícil negociación
El sector del taxi tiene previsto reunirse el próximo 14 de febrero con la Consejería de Fomento de Andalucía para debatir el futuro de las VTC del taxi. Sería el segundo encuentro que mantiene con la consejería desde que el PP llegó al poder. El gremio acudirá a la reunión con una propuesta que, entre otras cosas, incluye un periodo de precontratación de entre 30 minutos y una hora. También quieren impulsar la convocatoria de ayudas para comprar vehículos adaptados, la utilización de aplicaciones digitales, la posibilidad de ofrecer carreras con precio cerrado o la geolocalización. La negociación tiene visos de romperse en el punto del tiempo de espera, ya que esta fuera de la política del PP que no quiere que las 1.978 licencias que operan entre Málaga y Sevilla se aparquen.
La ley de los 15 minutos
Uber y Cabify ya han anunciado que saldrán de Valencia si el Ejecutivo finalmente sigue los pasos del Govern de Joaquim Torra y aprueba una precontratación de 15 minutos que, los taxistas consideran insuficiente porque habían pedido 12 horas. El ayuntamiento podrá ampliar el plazo.
Tres horas en Galicia
El sector del taxi gallego quiere ir un paso más allá que Cataluña y elevar al tres horas el periodo de precontratación de las VTC. La Xunta, por ahora, sólo se ha comprometido a "analizar las distintas posibilidades" mientras exponen sus dudas sobre las consecuencias jurídicas de la decisión e instan al gobierno
Una hora en Palma
En las islas baleares, donde tampoco operan Uber y Cabify por la falta de VTC suficientes para dar un servicio efectivo, el Ejecutivo ha impuesto muchas limitaciones para que este tipo de negocio pueda entrar. Así, fija una precontratación de una hora y obliga a que los vehículos se contraten a través de agencia, lo que veta el papel de las plataformas.
