La Comunidad de Madrid ha dado por cerrado el conflicto con el taxi. El Ejecutivo ha decidido retirar de la mesa su propuesta de aprobar una reforma exprés de las VTC por lo que deja en el tejado del Ayuntamiento el reto de limitar la actividad de Uber y Cabify aplicando restricciones de circulación y aparcamiento.
Así, en la reunión que este lunes han mantenido los representantes de las cinco asociaciones del taxi con la consejera de transporte, Rosalía Gonzalo, no se llegó a ningún acuerdo ni se negoció ningún punto de la segunda propuesta de modificación de la ley 20/1999 de transporte de la Comunidad de Madrid planteada por el gremio ya que el Ejecutivo ha cerrado la puerta a abrir el proceso.
La modificación de la ley se tendría que hacer por vía de urgencia y lectura única (sin presentar enmiendas) para que pudiera ser aprobada antes del cierre de la Asamblea por las elecciones. En este punto, desde la Comunidad se explica que, tal y como señaló el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se dispone de cuatro años para legislar antes de que desaparezcan de los tráficos urbanos las VTC nacionales, por lo que tienen tiempo de sobra para realizar un reglamento pensado que cuente con el consenso de todas las partes.
El planteamiento no ha sentando nada bien en el sector del taxi que espera arrancar al Ejecutivo el compromiso de dar más margen de maniobra al Ayuntamiento de Manuela Carmena para limitar al sector, como que ella pudiera imponer los periodos de espera para la contratación de los vehículos de Uber y Cabify. En este punto, el Consistorio lleva tiempo trabajando en un reglamento en que busca reducir a la mitad la flota de VTC los fines de semana para limitar la competencia con el taxi. También busca imponer limites para aparcar en superficie.
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