Barcelona
La Generalitat de Cataluña maniobró hasta el último momento para poder cumplir con los taxistas, al menos sobre el papel, y evitar la salida de Uber y Cabify del territorio. Según explica el presidente de Unauto de Cataluña, Josep Maria Goñi, el Govern abrió la puerta a que las VTC incumplieran "sin consecuencias" el decreto-ley aprobado el martes pasado y que fija 15 minutos de tiempo de espera entre la solicitud del servicio y su prestación efectiva.
"Nos planteó que las denuncias de la Guardia Urbana se quedarían en el cajón si seguíamos operando sin cumplir el tiempo de espera de 15 minutos que recoge el decreto", explicó Goñi en una rueda de prensa en la que dejó claro que ellos se "habían negado".
"El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, es joven, pero parece que perduran las viejas maneras de hacer de la antigua Convergència, y no estamos dispuestos a jugar de ninguna manera a eso", ha expuesto en rueda de prensa en Barcelona.
En declaraciones a la prensa convocadas de urgencia, Calvet ha respondido a la acusación: "Se les dijo que el decreto tiene un proceso de adaptación y que hay medidas que no se aplican con rigor desde el primer momento", informa Efe. Según el decreto-ley aprobado, las multas de 1.000 euros por incumplir la precontratación se pondrían desde la entrada en vigor este mismo viernes.
El presidente estatal de Unauto, Eduardo Martín, ha sostenido que Calvet "ha mentido a todo el mundo" para contentar a los sectores violentos de los taxistas y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el resultado de miles de despidos.
En este punto, fuentes cercanas a las negociaciones, aseguran que los encuentros entre la Generalitat y las VTC apenas duraban 30 minutos y que en todo momento se les planteó que se haría "lo que los taxistas aprobaran". No hay que olvidar que el texto del decreto-ley fue votado en una asamblea de taxistas antes de ser aprobado por el Govern. Así, la principal preocupación del Ejecutivo de Quim Torra era evitar que los taxistas colapsasen el Mobile World Congress, el gran escaparate internacional de Barcelona.
La preocupación de la Generalitat era sacar el decreto-ley que aprobaran los taxistas
El decreto-ley aprobado va a suponer la perdida de 3.500 los empleos porque el nuevo decreto hace inviable la operación de la amplia mayoría de VTC y porque ha forzado la marcha de Uber y Cabify, los intermediarios del sector que permitían la contratación inmediata de los vehículos.
Una salida que Calvet ha lamentado y, como denuncian desde Unauto, trató de evitar prometiendo hacer la vista gorda. "Nos sabe mal que estas dos plataformas quieran irse y no prueben a adaptarse a la normativa", explicó el conseller esta mañana antes de plantear que, si Uber y Cabify se iban, van a estudiar "cómo podemos hacer para que no sea un agravio para los usuarios".
"Nos sabe mal que estas dos plataformas quieran irse y no prueben a adaptarse a la normativa"
En cuanto a los despidos, Martín ha detallado que ya están en gestión tres ERE de empresas que trabajaban para Uber y Cabify (Vector Ronda, Moove Cars y Auro) para casi 2.100 trabajadores -la práctica totalidad de su plantilla en la comunidad autónoma-. Sin embargo, este viernes todavía no se han presentado a Trabajo, según la Generalitat.
Respecto a las acciones legales que puedan emprender, ha explicado que ahora sus servicios jurídicos están estudiando los pasos a dar para reclamar "por el daño del cierre de empresas, el despido de trabajadores y los contratos que no se pueden cumplir".
Ante la intención de la Generalitat de recuperar las licencias VTC que dejen de prestar servicio para volverlas a sacar a concurso -algo que el propio Calvet ha reconocido que es complejo jurídicamente-, Martín ha asegurado que las empresas de VTC no quieren venderlas, sino poder trabajar.
Goñi asegura que con el decreto que ha entrado hoy en vigor solo podrá subsistir el 10% del negocio VTC que había hasta ahora en Cataluña, lo que supondrá un duro golpe para las arcas de la Generalitat.
"Cataluña verá mermadas sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 millones de aportación al PIB de la región; y tendrá que hacer frente a reclamaciones por más de 1.000 millones de euros por parte de los titulares de autorizaciones VTC", sentenció Martín.
