El Decreto Ley elaborado por la Generalitat de Cataluña para restringir la actividad de las VTC ha puesto en alerta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la Comisión Europea (CE) y, por supuesto, al propio sector liderado por Uber y Cabify, que lleva meses preparando una estrategia legal contra el afán de las distintas administraciones de regularles. Y es que, las dudas legales que despierta el texto han llevado a Bruselas a expresar extraoficialmente su preocupación por la medida y al organismo que preside José María Marín Quemada a criticar que Cataluña imponga un periodo de espera de 15 minutos entre la precontratación de las VTC y la prestación efectiva del servicio, puesto que "supone un obstáculo injustificado" y atenta contra los principios de la buena regulación económica. Una postura que la competencia catalana ha respaldado en más una ocasión al asegurar que el decreto-ley planteado es "discriminatorio y restrictivo". Está previsto que el texto se apruebe el próximo martes y que en un periodo de un mes sea ratificado por el Parlament. A la espera de que la medida que amenaza con expulsar a Uber y Cabify de Barcelona sea una realidad, ¿qué medidas se pueden tomar para paralizar la ley?
Ir al Constitucional
Según las distintas fuentes jurídicas consultadas por este diario, el decreto-ley impulsado por el Govern de Joaquim Torra chocaría de lleno con dos preceptos de un artículo de la Constitución: el 149.1.6, que recoge que la legislación mercantil está reservada al Estado, y el 149.1.13, que asegura que las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica es competencia exclusiva del Estado. Y es que la medida alteraría las condiciones de contratación del transporte de viajeros, que deben ser iguales para toda España, y supone una discriminación respecto del taxi.
Aunque la Propuesta de Decreto Ley de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor corre así el riesgo de vulnerar la Constitución, lo cierto es que, al tener rango de ley, sólo el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el poder de suspender automáticamente su aplicación acudiendo al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo tendría un plazo de entre tres y nueve meses para impugnar el texto tras su aprobación, una posibilidad sobre la que todavía no están trabajando. También pueden presentar un recurso directamente ante Constitucional el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores, tanto de Gobierno central como del propio Parlament. En este caso la suspensión cautelar de la ley no sería automática ya que tendría que esperar a que el tribunal analizara los recursos y decidiera si impone o no medidas cautelares.
Justicia ordinaria
Aunque los afectados por la ley no puedan recurrirla directamente al Constitucional, sí que pueden abrir una vía indirecta que será más lenta. Si un conductor de VTC o una empresa del sector se siente perjudicado por la aplicación de la ley aprobada por la Generalitat tiene la opción de presentar una demanda ante la justicia ordinaria, en la solicite al juez que, una vez admitida a trámite, plantee una cuestión de inconstitucionalidad para que determine si las medidas son legales. Uber y Cabify han asegurado que el periodo de precontratación de 15 minutos y la prohibición de aparcar en superficie, que también contempla el borrador de la ley, les obligaría a irse de Barcelona, lo que supondría el despido de más 1.800 personas que actualmente trabajan para las propietarias de las VTC, como Moove Car, que cuenta con 400 licencias y otras 600 en trámite en Cataluña.
A su vez, fuentes jurídicas aseguran que el contenido del decreto-ley catalán podría atentar contra la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) ya que discrimina a la VTC en favor del taxi en un mercado en que ambos compiten: el de la precontratación. En este punto, es bueno recordar que los ayuntamientos que han intentado prohibir la circulación de las VTC en el centro en favor del taxi se han encontrado con la oposición de la Justicia, que ha suspendido cautelarmente las medidas aprobadas por Córdoba o Granada, por ejemplo. En Madrid, Manuela Carmena trató de prohibir en 2017 la entrada de las VTC a la Gran Vía durante los episodios de contaminación y la decisión fue tumbada por la Justicia.
Vía europea
El ejército de abogados que han contratado las empresas de las VTC, y que están coordinados por el equipo legal de la patronal Unauto, están preparando una serie de estrategias que incluye la posibilidad de llevar el caso ante la Unión Europea. Los representantes del sector tiene previsto reunirse con miembros de la Comisión Europea el próximo mes de febrero para analizar las medidas que están tomando en España y, a raíz del intercambio de impresiones, analizar las alternativas que se pueden plantear para recurrir el decreto-ley de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y es que, según algunas fuentes consultadas, el texto del Govern podría violar los artículos del Tratado de la UE que defienden la libertad de establecimiento y de competencia.
El papel de la CNMC
Competencia está estudiando qué medidas puede tomar para impugnar las limitaciones al libre mercado que quiere imponer la Generalitat de Cataluña. Fuentes del organismo consultadas por este diario aseguran que si finalmente la reforma no se aprueba como decreto-ley, presentarán todos los recursos que puedan. Una posición que está en línea con la de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que anunció el miércoles que impugnará el decreto de las VTC si finalmente restringe la competencia ya "que si taxis y VTC prestan el mismo servicio deberían regularse en una sola ley". En este caso, ambos organismos tienen las manos atadas si la norma se aprueba como ley, ya que no pueden hacer nada contra medidas de ese rango. Así, están a la espera de ver qué pasa finalmente. Lo que sí que podrán recurrir será cualquier medida restrictiva o discriminatoria que incluya el Ayuntamiento de Ada Colau en el reglamento de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB), como el periodo de espera de una hora.
