El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la estiba antes del fin de la legislatura, y además hacerlo a su manera, obviando el Decreto-Ley impulsado por Mariano Rajoy al que tan solo le faltaba la aprobación del reglamento. Según ha podido contrastar elEconomista, el ejecutivo socialista tiene previsto aprobar un nuevo Decreto-Ley en Consejo de Ministros para adaptar -tras más de cuatro años de retraso- la normativa española a la sentencia europea de 2014. Tal aprobación incluso podría tener lugar en el pleno del próximo viernes.
El mencionado dictamen del TJUE condenó el sistema portuario español por obligar a las terminales a formar parte del accionariado de las sociedades de estiba y a contratar exclusivamente a los trabajadores de estas firmas para las labores de carga y descarga de buques, y esta liberalización del sector es la que se ha dispuesto a abordar el Ejecutivo, que ha mantenido reuniones tanto con los sindicatos de estibadores como con la propia Comisión Europea para hallar el difícil punto de encuentro entre todos los intereses.
Entre las cuestiones que aborda el Real Decreto-Ley de los socialistas se encuentran aspectos como una habilitación legal para que, a través del convenio colectivo, se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores a las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (las denominadas Sagep) durante el periodo transitorio fijado por Europa -es decir, hasta mayo de 2020-.
También una modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para establecer las especificidades para las empresas de este tipo que desarrollen su actividad en el sector de la estiba, y en concreto para los Centros Portuarios de Empleo en los que se han convertido las Sagep -que son empresas de trabajo temporal que desarrollan su actividad exclusivamente en el ámbito de la estiba-.
Licencia de estiba
En este sentido, el Decreto-Ley también pretende introducir para los Centros Portuarios de Empleo el requisito de que los socios tengan la licencia de empresa estibadora (una licencia liberalizada por completo y sin limitaciones numéricas, según pretenden). Esta condición se establecería para garantizar la vinculación del propietario con la actividad que se realiza, así como el máximo nivel de profesionalidad, según el planteamiento del Gobierno. Otra cuestión que pretende fijar el nuevo Decreto-Ley, tal y como exige Europa, es garantizar la capacidad de las empresas de organizar por sí mismas el trabajo, sin la injerencia de los propios estibadores, como ocurre en la actualidad.
El articulado del nuevo texto del Gobierno también contempla permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación, con el propósito de que los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión puedan beneficiarse de contar con un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.
Menos horas de formación práctica
En la misma línea, la administración central quiere introducir una modificación del certificado de capacitación profesional que priorice la formación práctica, partiendo de la tesis de que este tipo de actividades se aprenden con la práctica y que se trata de labores que todavía cuentan con niveles de accidentalidad por encima de la media. No obstante, establece un total de 400 horas de formación práctica, 200 menos que las previstas en el Real Decreto en tramitación del Partido Popular.
Una cuestión en la que coinciden ambos textos es en la disposición de ayudas a la jubilación anticipada. Los socialistas defienden su introducción por la tendencia hacia la automatización de las terminales, que disminuirá, a su juicio, las necesidades de personal.
En paralelo al desarrollo de la norma, el PSOE ya trabaja para recabar los apoyos necesarios para refrendar este texto en el Congreso de los Diputados, donde debería ser la Comisión Permanente la que lo validara.