El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un nuevo Decreto-Ley para aplicar la liberalización de la estiba que exige Europa a España. Se trata, tal y como informó el pasado lunes elEconomista, de un nuevo texto elaborado por los socialistas que complementa lo aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017 para tratar de cumplir con el mandato de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicho organismo condenó al Sistema Portuario Español por obligar a las empresas a formar parte de sociedades de estiba y a contratar exclusivamente a los trabajadores de las mismas para poder operar en los puertos.
El anuncio lo realizó la portavoz del Gobierno de España Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo defiende que ha elaborado un texto que adapta la normativa española a las exigencias de la Unión Europea y que logra incorporar intereses tanto del colectivo de los estibadores como de los empresarios. Ahora le resta conseguir que la Comisión Permanente del Congreso refrende este este Decreto-Ley.
Al respecto, Anesco, la patronal mayoritaria del sector, solicitó en un comunicado a los partidos políticos que refrenden la norma. "La patronal del sector de la estiba pide a todos los grupos parlamentarios su apoyo unánime para convalidar esta ley en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados", subrayó la organización, que destacó sobre el decreto que "mejora la seguridad jurídica del sector de la estiba, dota de mayor estabilidad a las relaciones laborales y contribuye a la evolución del modelo de la estiba para incrementar la competitividad de los puertos españoles".
Y no solo la principal patronal aplaude el Decreto del gobierno socialista. Coordinadora, el sindicato mayoritario del gremio, se pronunció en la misma línea: "Los estibadores celebran que, después de cinco años, esté ya cerca la culminación del marco normativo de la estiba portuaria, de una manera que conjuga los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores".
Sobre su validación parlamentaria, Coordinadora la da por hecha: "La aprobación en el Congreso se entiende casi como un simple un trámite a salvar, puesto que fue esta misma cámara la que el pasado 20 de febrero, por unanimidad, aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a rematar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea", indicó el sindicato.
Pero tal sintonía difícilmente será unanimidad en el sector. Anesco es la patronal mayoritaria, pero fruto del conflicto en las negociaciones de 2017 surgió la asociación Asoport, que junto a la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (Pipe) se mostró partidaria de aplicar una liberalización más estricta. Tampoco conviene perder de vista a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recurrió contra el anterior acuerdo al entender que el pacto entre Anesco y los sindicatos seguía vulnerando la libertad de mercado. Según ha podido saber este diario, tales recursos siguen adelante pese a la aprobación de este Decreto-Ley, puesto que el texto de 2017 sigue vigente.
Subrogación, licencia y prácticas
Según detalló Fomento en un comunicado sobre el nuevo decreto, el Real Decreto Ley 8/2017 "modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas".
"Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto Ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia", aseguró el ministerio.
Así, el Real Decreto-Ley dispone una habilitación legal para que, a través del Convenio Colectivo, "se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos y garantizando así los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo".
Asimismo, se recoge "una Modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los Centros Portuarios de Empleo y del resto de ETT que desarrollen parte de su actividad en el sector de la estiba".
Todo ello con un doble objetivo: "mejorar su eficacia, teniendo en cuenta las singularidades de este sector (y que particularizan obligaciones burocráticas, garantías financieras, etc.)"; así como, en el caso concreto de los Centros Portuarios de Empleo, "establecer el requisito de que sus propietarios deban tener la licencia de empresa estibadora, de modo que se garantice la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad".
Asimismo, "se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo, sin olvidar el protagonismo que se otorga a la negociación colectiva en determinadas cuestiones de la organización de la actividad productiva", destacó el ministerio de José Luis Ábalos.
El departamento indicó además que "también se modifica el Real Decreto-Ley 8/2017 para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, facilitando así el acceso a la profesión y aumentando su calidad". "De esta forma, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas".
El Gobierno aseguró que "ha llevado a cabo una intensa labor de diálogo tanto con el sector, para asegurar el máximo consenso posible, como con la Comisión Europea, con el fin de esclarecer los objetivos de la misma y despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha".
Aprueba también las prejubilaciones
Además, el Consejo de Ministros también acordó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria. Este proyecto tiene por objeto "establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13".
La finalidad de este régimen de ayudas es "facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad, a los que les quede como máximo 60 meses para llegar a la edad ordinaria de jubilación, en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, proporcionando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se regularán en este Real Decreto".
Por último, el Gobierno también expuso que "también se modificará el contenido del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión".
