Valencia
Dos millones y medio de metros cuadrados al norte de Burriana y otros dos entre Torreblanca y Alcossebre. Es la superficie que abarcan dos megaproyectos cuya urbanización en bloque ha sido reactivada por los propietarios de los terrenos y con el visto bueno de las respectivas administraciones locales. Se trata de dos iniciativas diseñadas en los tiempos del boom inmobiliario que despiertan ahora de su letargo. ¿Los motivos? Tres circunstancias concretas: la reactivación del negocio del ladrillo, los derechos adquiridos por los propietarios del suelo y la fecha límite introducida por la Generalitat para desarrollar los PAI tramitados en la costa valenciana.
La comparación con Marina d'Or molesta en ambas localidades. "El nuestro es bastante más pequeño", replican. Y es cierto. El conocido como Doña Blanca Golf prevé alrededor de 4.000 viviendas en Torreblanca, y Golf Sant Gregori, más de 5.000 en Burriana, en ambos casos lejos de las 35.000 que se calculan en la actual Ciudad de Vacaciones. Pero las similitudes también son evidentes. Se trata de grandes espacios en Castellón, ubicados en primera línea de una playa árida, cuya urbanización se proyectó a lo grande, con la intención de generar un polo turístico de la nada.
¿Y por qué dos ayuntamientos respaldados por fuerzas progresistas auspician estas iniciativas? "Aquí había unos derechos consolidados, que son los que han dado pie a la moratoria del Pativel, que da margen a los propietarios para que desarrollen el proyecto urbanístico", argumenta al respecto Rosana Villanueva, concejala de Urbanismo de Torreblanca.
Pativel es el acrónimo del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, la norma ideada por el Consell para "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística". Pero se da la paradoja de que esta ofensiva autonómica contra la construcción en la costa ha sido la que ha motivado el despertar de megaproyectos como los de Burriana y Torreblanca, ya que el Pativel introduce una cuenta atrás para activar el desarrollo de los proyectos urbanísticos aprobados o, en caso contrario, devolverlos a la categoría de rústico.
En el caso del PAI Doña Blanca Golf se han constituido como Agrupación de Interés Urbanístico propietarios que suman un 65% de los terrenos, heredados en su mayoría de la empresa Urbanizadora Torremar -que ahora se en-cuentra en liquidación-. Se trata, principalmente, de la Sareb, los bancos Sabadell y Santander y dos empresas del Grupo Gimeno. El proyecto está a la espera de "firmar el convenio con la propiedad para poder licitar las obras", según Villanueva. El consistorio cree que tal circunstancia puede llegar a producirse incluso antes de las próximas elecciones municipales.
Desde el año 2000
Por lo que respecta a Burriana, según explica a este medio su concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, se trata de un proyecto impulsado en el año 2000 y cuya reparcelación se aprobó en 2008. "Este hito es importante, porque la reparcelación queda inscrita y los huertos, por muy parados que hayan estado durante la crisis, son oficialmente solares urbanizables", subraya. Buena parte del suelo quedó en manos de la sociedad Urbanizadora Golf Sant Gregori, que en 2014 entró en concurso de acreedores y a la que el Ayuntamiento trató de retirarle la condición de agente urbanizador por sus incumplimientos.
Pero apareció un inversor, la sociedad Burriana Assets Investments, que en el marco de la suspensión de pagos adquirió una participación mayoritaria de la deuda de la sociedad concursada -se presupone que a precio de saldo- pese a que ésta acumulaba un cuantioso pasivo de alrededor de 40 millones de euros.
El atractivo que le llevó a invertir lo encontró en sus activos: alrededor del 30% los solares en el PAI que ahora tratan de reactivar. Según el concejal, en la actualidad el proceso se encuentra a la espera de que los impulsores presenten los preceptivos avales que habiliten al ayuntamiento para otorgarles la condición de agente urbanizador. En este caso tampoco se descarta que la solución llegue antes de las elecciones con la aprobación de este trámite en un pleno extraordinario.
