El Gobierno ya prepara con un 'plan A' ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo abra la puerta a que la Agencia Tributaria tenga que devolver el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a todos los usuarios que contrataron una hipoteca en los últimos cuatro años, periodo de prescripción del tributo. Concretamente, como la tasa AJD está cedida a las comunidades autónomas, serían las pertinentes Agencias Tributarias regionales las que afrontarían las devoluciones.
Mientras que los banqueros europeos se disponen a observar hoy cómo impactan en bolsa los resultados de los test de estrés, los españoles tienen más cuentas pendientes. Además de la celebración o castigo a sus números en la prueba -en términos generales el desempeño se ha valorado positivamente, incidiendo como nota positiva en la resistencia a la crisis y rentabilidad, pero también destacando su falta de liderazgo en capital-, la decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade presión extra a las entidades nacionales.
La publicación de los test de estrés el pasado viernes no ha quitado tensiones al sector financiero español. Tras la prueba de esfuerzo de la EBA -de la que todas las entidades salieron airosas- hoy el sector se enfrenta la incertidumbre sobre qué decisión adoptará el Tribunal Supremo al respeto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Si el alto tribunal dictamina que debe ser la banca la que pague el impuesto y lo fija con carácter retroactivo, la decisión podría llegar a comerse más de un año de los beneficios globales del sector.
La alegría fue ayer por barrios con los resultados de los test de estrés. Aunque en términos generales los bancos europeos aprobaron -en el mercado se establecía el nivel del 5,5% como el mínimo para considerar que una entidad aprobaba- los bancos de algunos países, como Reino Unido o de Alemania salieron especialmente mal parados en las pruebas.
Si la banca española ha estado sometida a una fuerte presión en los últimos días por el cambio de doctrina del Tribunal Supremo respecto a quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), hoy se enfrentan a otra prueba: la publicación de los test de estrés del sector financiero europeo.
La incertidumbre regulatoria sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas ha obligado a la banca a reaccionar para evitar un colapso en la firma de los contratos y generar problemas a los clientes.
La segunda parte del ejercicio está siendo complicada para la banca y para todos sus accionistas. El sí, pero no, del Tribunal Supremo con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), no sólo ha provocado un golpe brutal a las cotizaciones, sino que ha prendido de nuevo la llama de la fobia social contra el sector. Aunque en este caso lo que se cambiaba, y convertía al banco en el obligado tributario en el caso del AJD, era un articulado del Reglamento de la tasa, sin que el tribunal fallara sobre ningún contrato hipotecario, la marcha atrás del Supremo ha impulsado otra campaña contra la banca basándose en que gracias a su influencia el tribunal ha optado por revisar su sentencia. Podemos incluso ha exigido que el sector pida disculpas por haber provocado que las familias paguen el AJD.
El fallo hecho público por el Tribunal Supremo este jueves, desdiciéndose de una decisión previa, abre la puerta a una oleada de reclamaciones ante las administraciones tributarias autonómicas, que esperan que sea el Estado el que fije una medida conjunta ante el inicio peticiones de devoluciones por parte de clientes bancarios con hipotecas. Desde el Ministerio de Hacienda confirman al elEconomista que se estudia la sentencia, y que se está analizando si se adopta alguna medida.
CaixaBank ha emitido 1.000 millones de euros en bonos senior no preferentes a cinco para incrementar su colchón anticrisis, según indican a este diario fuentes del mercado.
El Corte Inglés ha fijado un tope anual a la inversión y el dividendo para reducir el peso de su deuda. En concreto, el grupo no podrá dedicar más del 43,3 del ebitda consolidado (resultado bruto operativo) o de 500 millones como máximo a su crecimiento, ni de 75 millones para la retribución al accionista. En el caso de la inversión, y según consta en el folleto de la emisión de bonos de 600 millones que ha llevado a cabo en Irlanda, la inversión solo se podrá llevar a cabo en sociedad que no están restringidas, es decir todas excepto la de Seguros El Corte Inglés, que tiene unas condiciones especiales.