Economía

Las autonomías presionan a Sánchez para que gestione las devoluciones del impuesto de Actos Jurídicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: Efe.
Madrid / Barcelona / Valencia

El fallo hecho público por el Tribunal Supremo este jueves, desdiciéndose de una decisión previa, abre la puerta a una oleada de reclamaciones ante las administraciones tributarias autonómicas, que esperan que sea el Estado el que fije una medida conjunta ante el inicio peticiones de devoluciones por parte de clientes bancarios con hipotecas. Desde el Ministerio de Hacienda confirman al elEconomista que se estudia la sentencia, y que se está analizando si se adopta alguna medida.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) es una tasa estatal cedida a las comunidades autónomas, por lo que la sentencia abre un nuevo motivo de conflicto entre los ciudadanos que pueden entender que tienen ya derecho a reclamar el impuesto, el sector, las autonomías y el Estado.

Por el momento, solamente la banca se ha definido de forma conjunta y ha calificado el fallo de "cuestión tributaria". Además, del comunicado de la Asociación Española de banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unacc (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) se desprende claramente que el sector entiende que la sentencia no es retroactiva, y elude cualquier responsabilidad, ya que especifica que "como siempre han hecho", los bancos "a partir de este sentencia" cumplirán el nuevo criterio.

No obstante su posicionamiento, los despachos de abogados e incluso Gestha comenzaron el jueves a recomendar a quienes tuvieran derecho por no prescripción tributaria que reclamen el impuesto a las agencias tributarias autonómicas. Ante la negativa de la administración, los despachos de abogados podrían comenzar a exigirlo a las entidades financieras.

Desde las autonomías, por ahora, no existe un posicionamiento claro, aunque miran hacia el Estado y esperan que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que facilite cualquier tipo de mecanismo. Ellas parecen resistentes a asumir cualquier tipo de devolución de clientes bancarios que lo reclamen. Desde algunas autonomías instan a solicitarlo al banco -ya que tras el fallo del Supremo teóricamente la obligación tributaria sería de la entidad financiera y este sería quien tendría que sustituir al contribuyente-; mientras que otras entienden que debe ser Sánchez el que adopte medidas para facilitar las reclamaciones, "porque el punto del Reglamento que ha puesto en duda el Tribunal Supremo es estatal", apuntan.

Desde el País Vasco son mucho más categóricos y descartan que la sentencia del Supremo les afecte (véase información en esta misma página); por lo que, en principio, se negarían a aceptar posibles reclamaciones, dado que son los clientes los que deben abonar la tasa según la norma foral.

"Una cuestión tributaria"

El sector financiero salió al paso de la sentencia del Tribunal Supremo con un comunicado conjunto de la AEB, presidida por José María Roldán; la CECA, liderada por Isidro Fainé y la Unacc, que preside Carlos Martínez Izquierdo.

En la nota emitida a medios, los tres 'lobbies' insisten en que la sentencia publicada es de "carácter tributario" y que "en este ámbito, los bancos han cumplido siempre con la normativa vigente aprobada hace más de 20 años y con la reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, unánime, y mantenida hasta fechas muy recientes, principio que por lo demás ha presidido siempre las relaciones de las entidades con sus clientes", apuntaban. Para marcar distancias con la sentencia europea sobre las cláusulas suelo, las asociaciones precisaban que en el caso del impuesto AJD, ellas no han "percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto". Sobre el debate de la posible retroactividad, el sector asume en el comunicado que no la asume. "Como siempre han hecho, los bancos, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo".

En el comunicado también reclamaban a los "poderes públicos" seguridad jurídica y reglas claras para el crédito.

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