La publicación de los test de estrés el pasado viernes no ha quitado tensiones al sector financiero español. Tras la prueba de esfuerzo de la EBA -de la que todas las entidades salieron airosas- hoy el sector se enfrenta la incertidumbre sobre qué decisión adoptará el Tribunal Supremo al respeto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Si el alto tribunal dictamina que debe ser la banca la que pague el impuesto y lo fija con carácter retroactivo, la decisión podría llegar a comerse más de un año de los beneficios globales del sector.
De acuerdo con Moody's, extendiendo la retroactividad hasta 2004, los bancos se expondrían a pérdidas por encima de los 16.000 millones de euros. Los técnicos de Hacienda, Gestha, hacen un cálculo todavía más negativo y amplían el posible impacto hasta cerca de 30.000 millones. De acuerdo con las estimaciones del consenso de analistas, los bancos cotizados ganarán este año alrededor de 17.000 millones; una cifra que sería insuficiente para cubrir el coste de la retroactividad sine die.
Aunque la decisión final está en manos del Supremo, que ha convocado el pleno a partir de las 10 de la mañana de hoy, el sector da por descontado que el alto tribunal no aplicará la retroactividad. De manera reiterada durante las presentaciones de resultados del tercer trimestre, los banqueros españoles han defendido que han cumplido con la Ley y que si la tasa la pagaba hasta ahora los clientes era porque así lo establecía la normativa. En este caso, el impacto sería mucho más limitado -los usuarios podrían reclamar a Hacienda sobre los cuatro ejercicios fiscales abiertos-.
Goldman Sachs calcula que, en este caso, el impacto para las entidades rondaría los 1.700 millones y la hoja de ruta de la banca pasaría por tomarse con calma los pagos a la agencia tributaria cuando esta se lo exigiera tras las posibles reclamaciones que puedan recibir de particulares o empresas que hubieran contratado una hipoteca en los cuatro últimos ejercicios. Asimismo, por esta circunstancia, no está claro ni en qué medida, ni el momento en el que las entidades deberían afrontar posibles provisiones.
La banca, con la legalidad
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, señaló en la reciente presentación de resultados que el banco había optado por no provisionar el posible impacto de un cambio de doctrina del Tribunal Supremo porque "no debemos tener un perjuicio económico por este tema". La argumentación de Gortázar, que también subyace en todas las manifestaciones realizadas por el sector, es que la banca no puede ser responsable del impacto económico de una norma que ha estado vigente durante 23 años.
De igual modo, sin un acuerdo entre el Estado y la banca, es muy complicado que las posibles reclamaciones que llegaran desde quienes firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años, se tramitaran con agilidad. Gestha explica que donde se debe reclamar el impuesto es en las agencias tributarias de cada comunidad autónoma, ya que es una tasa que está cedida y cuya cuantía fijan las autonomías. Éstas, por su parte, han pedido al Ejecutivo que coordine las posibles devoluciones y el Estado ya ha señalado que no "perderán" en esto.
Decisión bajo presión
Con los ojos de todos los analistas e inversores puestos hoy en España, la presión para el Tribunal Supremo es máxima. Tras las fuertes críticas recibidas por tomarse un tiempo para que se reuniera el pleno y allí se adoptara un posicionamiento común respecto a los distintos fallos que ha ido publicando en el último año, hoy se espera que adopte un posicionamiento definitivo, después de cerca de dos semanas de incertidumbre -el 18 de octubre fue cuando se hizo público el fallo con el cambio de criterio-.
Según fuentes consultadas, aunque lo más probable es que hoy se difunda una nota en la que se explique la jurisprudencia, también podría suceder que la decisión se retrasara a otra jornada. Desde el Tribunal Supremo señalan que, con total seguridad, lo que no se publicará es la sentencia, que suele dilatarse.
