Madrid
Mientras que los banqueros europeos se disponen a observar hoy cómo impactan en bolsa los resultados de los test de estrés, los españoles tienen más cuentas pendientes. Además de la celebración o castigo a sus números en la prueba -en términos generales el desempeño se ha valorado positivamente, incidiendo como nota positiva en la resistencia a la crisis y rentabilidad, pero también destacando su falta de liderazgo en capital-, la decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade presión extra a las entidades nacionales.
La banca sabe que, sea cuál sea la decisión del Supremo, y aunque ellos en este aspecto se han limitado a cumplir la Ley, es muy probable que este caso haya abierto una nueva Caja de Pandora de litigiosidad y de insatisfacción de los clientes. Los despachos de abogados que se han especializado en las demandas contra la banca -unas reclamaciones que les han permitido disparar sus ingresos-, ya amenazan con que, aunque no se aplique retroactividad, si el Supremo dictamina que debe ser el banco el que pague la tasa, exigirla por ejemplo en Europa. La evolución de esas posibles querellas abre otra brecha de incertidumbre para el futuro.
A diferencia de las cláusulas suelo, que figuraban en muchos contratos de forma no transparente y que sirvieron para ampliar los ingresos del sector cuando cayeron los tipos de interés, con el impuesto de AJD, las entidades no han obtenido ningún beneficio. Los más contrarios al sector insistirán en que su ventaja ha sido que se han "ahorrado" la tasa, pero hasta los más políticamente morados saben que si el reparto impositivo hubiera sido diferente, el AJD habría estado incluido en el coste de la hipoteca. ¿O es que pagamos lo mismo por la reforma de una cocina en la que nos ponen los electrodomésticos que cuando la dejan vacía? La retroactividad es otro tema controvertido. Aunque los bufetes vean abierta una puerta para reclamarla sine díe aunque el Supremo no la contemple, en términos jurídicos, es muy difícilmente sostenible. Un abogado muy poco amigo de la banca, me reconocía hace poco que, si incluso los delitos prescriben, es muy complejo defender que se pueda exigir responsabilidades económicas a un sector que se ha limitado a aplicar la Ley.
Las entidades financieras, sin embargo, están preocupadas. El AJD cuenta con todas las cartas para convertirse en un nuevo motivo de conflicto con los clientes; algunos muy sensibilizados por los casos de los últimos años. Si el Supremo mantiene que debe ser el usuario el que pague, se esgrimirá que se trata de beneficiar a los banqueros. Si decide que es la entidad, pero sin retroactividad, se juntarán en las oficinas a reclamarles quienes tengan los cuatro años de venia fiscal, y también los insatisfechos. Pero si se aplica la retroactividad, el sector se podría tambalear.
