Los recientes cambios en el gabinete del líder del Partido Popular, con la designación de Diego Sanjuanbenito -sustituyendo a Pablo Hispán como jefe- no escapan de cierta polémica a la hora de explicar el papel del profesor universtario, José María Rotellar, otro de los protagonistas de esos cambios en la cúpula del partido. Y es que a Rotellar se le situaba el sábado por la noche se le situaba, según las informaciones publicadas, como responsable de la Asesoría Económica, una especie de Oficina Económica. En sí, se trata de un área compatible con la Dirección del Área Económica del Partido Popular, cuya responsable es la exministra y hoy diputada, Elvira Rodríguez.

Poco a poco se va desgranando la letra pequeña del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y en una de sus lecturas se comprueba que la nueva normativa acabará gravando al menos seis impuestos estatales y autonómicos, en función de su correspondencia a las modificaciones que se recogen en los pactos sucesorios y, también por el cambio estipulado en el valor de referencia de los bienes que se transmiten, compran y venden y, se donan o se puedan heredar.

Después de un rosario de fracasos, entre ellos, la amarga victoria de Salvador Illa en Cataluña, la moción de censura de Murcia que ha borrado a Ciudadanos del mapa, el estrepitoso batacazo en las urnas madrileñas del PSM y de su socio Unidas Podemos, y de planes diseñados desde Moncloa de pesada digestión, el presidente del Gobierno se ha visto obligado este miércoles a salir de su caparazón institucional para tomar las riendas de un asunto que podría acarrear graves problemas a su Ejecutivo. Se trata de la paz social tan cacareada desde que saltó la pandemia a nuestras vidas, y donde una medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su polémica reforma laboral, los Erte, ha acabado convirtiéndose en la estrella del firmamento político.

El Gobierno incluyó el martes finalmente un fuerte castigo a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) en el texto de la ley contra el fraude fiscal. El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que endurecen los requisitos para conformar estos vehículos de inversión con el pretexto de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a la Agencia Tributaria.

El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde al proyecto de Ley de Lucha contra el fraude fiscal, normativa, cuya tramitación pasa ahora al Senado, y en la que se recogen una serie de medidas como el permiso para que la Agencia Tributaria inspeccione por sorpresa los domicilios y las empresas. Esta medida ha sido cuestionada por los tribunales. Además, la ley contempla la ampliación de los deudores tributarios, que pasan del millón de euros a los 600.000 y se incorporarán a los responsables solidarios de esta deuda. Estimaciones de la AIReF remarcan que, la demora normativa va a suponer una pérdida de la recaudación, de al menos 273 millones de euros de los 700 millones previstos en un año.