Sánchez 'apaña' la paz social ante la vorágine de los indultos

Después de un rosario de fracasos, entre ellos, la amarga victoria de Salvador Illa en Cataluña, la moción de censura de Murcia que ha borrado a Ciudadanos del mapa, el estrepitoso batacazo en las urnas madrileñas del PSM y de su socio Unidas Podemos, y de planes diseñados desde Moncloa de pesada digestión, el presidente del Gobierno se ha visto obligado este miércoles a salir de su caparazón institucional para tomar las riendas de un asunto que podría acarrear graves problemas a su Ejecutivo. Se trata de la paz social tan cacareada desde que saltó la pandemia a nuestras vidas, y donde una medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su polémica reforma laboral, los Erte, ha acabado convirtiéndose en la estrella del firmamento político.

Sin paz social ni mensaje de consenso que enviar a Europa, en este caso, por la falta de entendimiento entre la patronal de empresarios y los sindicatos con el Ministerio de Seguridad Social, esta semana ha estado a un paso de ser la semana horribilis de Sánchez.

Y eso por no hablar de la anterior, con el acto frustrado del plan de 2050, con la mayor lista de plantones de las primeras figuras empresariales y del Ibex a Sánchez; y para rematar esa semana, con la crisis con Marruecos por la invasión de 8.000 migrantes a Ceuta. Y ya como guinda de todo pastel que se precie, con la presentación de un nuevo sindicato de pymes abanderando por la mujer del presidente y la ministra de Trabajo, aderezado por dirigentes, en parte, de la órbita podemita y la de separatistas catalanes. 

A pesar de todo este carrusel de despropósitos, la ocasión de apañar tal desaguisado vino este miércoles gracias a un acto organizado por el ICEX, marco en el cual Pedro Sánchez presentaba el Plan de Internacionalización de la Economía Española 2021-2022. Allí, el líder socialista coincidía con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y ahí se establecía una conversación informal entre ambos. Antes, el día venía precedido por los encontronazos radiofónicos entre Garamendi y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. El primero afeaba al segundo por trabajar como si estuviera "en un laboratorio", invitándole a vivir "en la realidad" social, mientras el ministro exalltaba la generosidad del Ejecutivo para el que trabaja, resaltando que "el fin no es el acuerdo".

En la conversación, esta vez en la mantenida entre el presidente del Gobierno y el de la patronal de empresarios, Sánchez ponderó la labor de los técnicos de Escrivá para hacer entender que su propuesta era la mejor. Mientras, Garamendi defendía la postura de mantener el nivel de exoneraciones para así estampar su firma en la V prórroga de los Erte, hasta el 30 de septiembre.

La intermediación de Sánchez -lo que niega Escrivá- con los agentes sociales ha supuesto una solución a medio plazo, vital en estos momentos para que los fondos europeos empiecen a circular si se atisba un verdadero plan de reformas y de reconstrucción.

Pero, por otra parte, también ha sido la única solución que cabía por parte de Moncloa, dado el cambio de atmósfera política que empieza a apreciarse, y dada la marejada y vorágine de críticas y consecuencias que se observan a la vuelta de la esquina, de proceder el Consejo de Ministros a favor de los indultos de los políticos presos por el procès.

El implacable informe del Tribunal Supremo deja poco margen de maniobra al Gobierno de Pedro Sánchez, máxime si éste no se quiere verse atado y sometido a las exigencias de Esquerra Republicana para mantener al líder socialista en Moncloa. 

El Alto Tribunal le ha dicho al Gobierno, sin ambages, que indultar a quienes son sus socios viola la Constitución y por tanto abre el camino de la anulación de los indultos. Algo así como que, beneficiar a los que le apoyan en el Gobierno es claramente un autoindulto.

Recuerda el Supremo en su informe que  tampoco se cumple la justicia, la equidad y la utilidad pública; que hay falta de arrepentimiento por parte de los condenados, y que desde luego éstos han manifestado voluntad de reincidir. Luego, no cabe la concordia con quien no quiere la concordia, vino a decir este miércoles, Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo.

Es decir, contravendría el artículo 102 de la Constitución española de 1978, que impide expresamente que el Gobierno conceda el indulto a sus propios miembros, por lo que, en este caso, "no sería aplicable la prerrogativa de gracia" que sirve para dar esos indultos, que finalmente tendría que rubricar el Rey.

Y la madeja de los indultos parece no tener fin. Además de las voces contrarias de socialistas como Page, Vara, Lambán o Felipe González,  hoy se vuelve a oír y a la entonces jueza del Tribunal Supremo, hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, apoyar la doctrina en contra de los indultos arbitrarios.

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