Valencia
El Gobierno valenciano de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig no ha podido evitar tener que mojarse en uno de los problemas endémicos que arrastra el sur de la Comunidad Valenciana: garantizar el suministro del agua para uso agrícola. Una cuestión vital para la agricultura alicantina, que además es uno de los caballos de batalla que tradicionalmente ha hecho suyos el PP valenciano.
La Generalitat Valenciana se sumó finalmente ayer a la concentración de protesta convocada por los regantes del trasvase Tajo-Segura y que incluye a productores agrícolas de Alicante, Murcia y Almería que reciben el agua de esa infraestructura hídrica.
La consejera de Agricultura, Mireia Mollà, fue la encargada de reivindicar en la concentración ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid. "Decimos que no a recortar ni una gota de agua", aseguró la consejera que pertenece a Compromís, que aseguró que el plan del Gobierno central "supone una amenaza cierta de un recorte que condiciona el abastecimiento de agua y el futuro de un sector estratégico en la Comunidad Valenciana como el agroalimentario".
Una reclamación que ha situado al Gobierno valenciano tras una pancarta contraria al actual Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, con el que el propio Ximo Puig ha querido mantener públicamente en los últimos meses una sintonía continua y de apoyo mutua. La oposición valenciana al anuncio del ministerio que dirige Teresa Ribera de modificar los actuales caudales del trasvase Tajo-Segura sitúa al Gobierno regional de socialistas, Compromís y Podemos en el mismo frente que a las autonomías de Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP.
El discurso del propio presidente murciano, el popular Fernando López Miras, que en su caso acudió en persona a la protesta en Madrid, fue muy similar al valenciano. Miras reclamó a Pedro Sánchez que escuche "el clamor de 2,5 millones de españoles" que viven en gran parte de la agricultura y que además necesitan el agua día a día en sus hogares.
El frente además puede hacer daño en las filas socialistas, ya que el principal defensor de las medidas aprobadas por el departamento de Ribera es el presidente castellano manchego, el también socialista Emiliano García-Page, que ha dejado claro que su objetivo es el fin definitivo del trasvase ya que considera que su región también forma parte de la España seca.
Conflicto territorial
Un símbolo claro de nuevo de que la cuestión del agua y de los trasvases se ha convertido en una guerra territorial más allá de las ideologías y signos políticos. En el caso de la coalición de izquierdas que ocupa la Generalitat Valenciana, Ximo Puig tampoco quiere que esta confrontación pueda convertirse en un nuevo vivero de votos para el PP valenciano, que durante años utilizó el eslogan de "agua para todos" como gran reclamo.
Y más cuando todo apunta a que su rival popular para la batalla electoral dentro de dos años, Carlos Mazón, procederá de Alicante. El actual presidente de la Diputación de Alicante ya ha acusado de excesiva tibieza al Gobierno valenciano en la defensa del agua para Alicante.
